El Tribunal Supremo venezolano ha respaldado el decreto de Hugo Chávez, que nacionalizó la industria cementera, hasta ahora en poder de las empresas Cemex de México, Lafarge de Francia y Holcim de Suiza. Según Chávez “el Estado las necesita” por el enorme crecimiento del sector de la construcción

Luz verde a las nacionalizaciones
Dos meses después de promulgar el decreto de nacionalización, el Supremo sentenció que el texto del Ejecutivo “sistematiza aquellas normas que tornarán operativo el proceso de transferencia y transformación del sector cementero para que sea controlado por el Estado, con exclusividad”.

La industria del cemento es de “innegable valor estratégico para el desarrollo económico y social del país”, agregó el fallo.

Al anunciar la nacionalización, Chávez argumentó que las tres empresas, Cemex, Lafarge y Holcim, exportaban la mayoría de su producción en detrimento del mercado local, y aseguró que pagará por ellas “hasta el último centavo que se acuerde para dicho traspaso”.

Chávez también recordó que el sector fue privatizado cinco años antes de su llegada al poder en 1999, y explicó que hoy el Estado “las necesita, porque ha habido una explosión de crecimiento en el sector de la construcción”.

El Gobierno de Chávez mantiene negociaciones por separado con las tres empresas para fijar el monto de la indemnización a la que tienen derecho, así como las condiciones laborales con los trabajadores.

Cemex tiene 547 trabajadores en Venezuela y otros 200 contratistas, en tanto que las otras dos empresas cuentan con unos 800 trabajadores cada una.

El ministro de Trabajo, José Ramón Rivero, ha advertido que no aceptará que se registren despidos durante su transición a manos del Estado.