Cristina Fernández, la presidenta argentina, no dudó en apostar por la confrontación con los ruralistas en un discurso que celebró en la Plaza de Mayo. Para describir al campo, le bastó con señalar que no eran más que “cuatro personas a las que nadie votó” y que no sentían respeto por “la democracia”. El campo ha decidido extender el paro un día más.

Los ruralistas extenderán la huelga
Fernández no dudó en criticar a la clase media argentina recordándole que “que muchas veces, a partir de prejuicios culturales, termina actuando contra sus propios intereses”. La presidenta, a pesar de que la industria más potente del país es el campo y que la mayor parte de sus trabajadores no aprueban la subida de impuestos a la exportación que ha proyectado el Gobierno, cree conocer las prioridades de la clase media mejor que las personas que la integran.

“En nombre de la Constitución y de las leyes, liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar”, afirmó la presidenta.

Aunque evitó referirse a las subidas de los tributos o retenciones móviles para exportar soja, que ya alcanzan el 44 por ciento, el ministro que las había promovido, Martín Lousteau, no acompañó a Fernández durante el discurso. Esas retenciones, junto a las que se les han impuesto a otros productos agrícolas, son el motivo por el que los ruralistas se echaron a la calle.

La clave del discurso estaba en identificarse como un gobierno democrático elegido en las urnas frente a un agro al que “nadie eligió” y que aprovecha la debilidad de una sociedad acostumbrada a los golpes de Estado y a creer que “todo se arregla con intolerancia, con golpes, con bocinas, cacerolas o cortes de ruta”.

El campo vuelve a reaccionar

El campo decidió extender hasta mañana a medianoche el cuarto paro del sector contra la política agropecuaria oficial. El fin de semana lo dedicarán a reunirse con parlamentarios para explicarles las necesidades del sector y el lunes pedirán una audiencia a la presidenta para abordar temas como el precio de la leche cruda, las exportaciones de trigo y maíz, la crisis de la ganadería y los problemas de las economías regionales.

El paro consistirá en el bloqueo de la exportación de granos, entre los que nunca estarían incluidos “hacienda, leche, frutas y demás productos perecederos ni las cargas generales”.

Las posiciones de los ruralistas, desde el inicio de la confrontación, han defendido que se derogue una ley, aprobada hace dos meses, que subía los impuestos a la exportación de la mayor parte de los productos agrícolas en un momento en el que hay una escasez mundial de alimentos que podría dar un decidido impulso al sector más importante de la economía nacional.

En un principio, Cristina Fernández dijo que subiría los tributos para incentivar el cultivo de alimentos que satisficieran mejor la demanda de los argentinos, en clara referencia al crecimiento de la siembra de soja. Casi todos los expertos consideraron que lo que había detrás era una necesidad de reducir la deuda externa que había provocado la gestión de su marido. La deuda podría encontrarse, en estos momentos, en niveles de 2001, cuando se convirtió en unos de los factores claves de la “crisis del corralito”.

Hace quince días, la presidenta argentina prometió que invertiría lo que recaude de más con la nueva ley en viviendas subvencionadas y “gasto social”.