La administración Bush está desarrollando un plan de largo alcance para cerrar la prisión de Bahía de Guantánamo y que podría incluir una petición al Congreso estadounidense para acelerar los procesos relacionados con decenas de presuntos terroristas a los que el Gobierno estadounidense no desea procesar, según informó The Washington Post

Prepara un proyecto de ley para aclarar los procesos
Uno de los escenarios que considera el Gabinete presidencial contempla que 80 detenidos permanezcan en Cuba, a la espera de ser juzgados por “comisiones militares”, mientras que otros 65 serían devueltos a su país natal, según varias fuentes familiares.

Pero el centro del debate consiste en qué hacer con los 120 prisioneros restantes, a los que la administración considera como demasiado peligrosos como para ser liberados, pero que a la vez parece improbable que comparezcan ante los tribunales militares, por falta de pruebas.

Las autoridades están considerando proponer un modelo de legislación en los próximos días, y que establecería procesos legales apropiados al estatus de estos prisioneros, que serían trasladados a prisiones civiles o militares dentro de territorio estadounidense.

Este debate tiene lugar después de que el Tribunal Supremo estadounidense dictaminara el mes pasado a favor del derecho de los detenidos de Guantánamo a apelar su estancia en tribunales civiles estadounidenses. Desde entonces, fuentes de la administración han intentado formular una respuesta al dictamen de la magistratura.

Bush, a favor del cierre

Por su parte, el presidente Bush lleva los dos últimos años insistiendo en su deseo de cerrar Guantánamo. Así, el debate de la administración se ha centrado en los pasos necesarios a tomar para conseguir el cierre de la prisión, con desplazamientos de decenas de sospechosos terroristas a centros penitenciarios estadounidenses.

“Estamos analizando la decisión, cómo seguir adelante, y desde luego no habrá decisión sobre Guantánamo que no tenga carácter inminente”, declaró Bush esta semana en una entrevista concedida a la cadena Fox. “Pero, de todas formas, tenemos la obligación de vivir dentro de la ley, analizando su impacto, y resolviendo el problema lo antes posible”, añadió.

El consenso general de las discusiones internas es conseguir un marco de actuación general a favor de la legislación que aborde los problemas que despierta el dictamen del Supremo, pero los detalles de la misma todavía se están debatiendo. También está poco claro, según revelaron estas fuentes al Washington Post, si el Congreso de mayoría demócrata estaría dispuesto a aprobar una propuesta de ley tan controvertida durante la campaña.

Unas 265 detenidos permanecen en Guantánamo, prisión establecida en enero de 2002 para albergar a los sospechosos de terrorismo capturados tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas del World Trade Center.

Desde entonces, las instalaciones penitenciarias de la isla se han convertido en el punto de mira de las críticas internacionales tanto por los vacíos legales del proceso penal contra los prisioneros, como las crueles condiciones a los que son sometidos.

De momento, 20 detenidos han sido acusados por una comisión militar establecida por el Congreso en 2006, cinco de ellos acusados de participar directamente en la conspiración de los atentados del 11 de septiembre.