El delito de inmigración clandestina será incluido en el Consejo de Ministros de hoy en Nápoles. Sus penas irán desde los seis meses a los cuatro años de cárcel.

Sería la segunda vez
La tipificación del delito servirá para que ningún inmigrante pueda permanecer en un centro de acogida durante más de un año y medio y para que se expulse a aquellos que sean condenados a penas superiores a dos años. Los inmigrantes clandestinos, si permanecen en el país, verán cómo sus penas aumentan un tercio.

El delito ya había existido antes, durante el último mandato de Berlusconi, pero estaba incluido en una ley que fue declarada parcialmente inconstitucional. Volver a incorporarlo a la legislación vigente ha sido un éxito del Ministro del Interior, Roberto Maroni, que, junto al partido que pertenece, Liga Norte, siempre ha defendido una regulación más dura con los sin papeles.

Las acusaciones de xenofobia que le ha dirigido la vicepresidenta española, María Teresa Fernández de la Vega, no estarían justificadas si tenemos en cuenta que Maroni ha pedido una ley semejante a la de Francia y Alemania.

Los partidos de la oposición están en contra. Entre ellos, Antonio Di Pietro, líder del partido Italia de los Valores, considera que la inmigración clandestina no puede ser delitos porque “produciría millones de fugitivos” y “costaría al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros”.

Pero no todo son críticas pragmáticas. Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, que ha dicho que es un “error”, porque el delito identificaría a los inmigrantes con todo los problemas que está viviendo Italia.