Un proyecto fraguado por Honduras, Guatemala y El Salvador, con el apoyo económico de EE.UU., pretende bajar los niveles de criminalidad y atraer inversiones.

Los reportes acerca de los miles y miles de menores centroamericanos que cruzaban la frontera entre México y los estados norteamericanos de Arizona, California o Texas, fueron el pan cotidiano de los informativos el pasado verano. Fue una buena época para los “coyotes” —los individuos que cobraban por guiar a los chicos hasta su destino—, pero fueron días de confusión para las autoridades de EE.UU., que no sabían cómo detener aquella marea migratoria ni cómo lidiar con los recién llegados.

Para que la historia no se repita, los gobiernos de los tres principales países emisores: Honduras, El Salvador y Guatemala —el llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica—, dieron a conocer a finales de 2014 una estrategia: el “Plan de la Alianza para la Prosperidad” (PAPTN), por el que se desplegará un conjunto de programas con los que se aspira a hacer de la región un sitio vivible, pacífico, próspero, sin los niveles de corrupción y crimen que hasta hoy ahuyentan a sus nacionales. 

La pésima infraestructura vial y portuaria conspira contra la competitividad de las inversiones 

Según el Plan, las líneas de acción serán variadas, e incluirán inversiones en infraestructura, tanto en la red eléctrica —que en un ambiente de alta criminalidad es crucial, reconocen, la iluminación de las calles—, como en nuevas carreteras, redes ferroviarias e instalaciones portuarias, pues según el Banco Mundial, resulta menos costoso enviar mercancías por barco a EE.UU. desde China que desde Centroamérica. Habrá que transformar esta realidad para “enamorar” a los inversores, pues pocos estarán dispuestos a aceptar que sus productos tarden cinco días en llegar de Ciudad de Guatemala a San José de Costa Rica (una distancia menor que la que separa a Barcelona de Santiago de Compostela), con su consecuente pérdida de competitividad.

Otro asunto será inyectar recursos a la educación y a aspectos vinculados con ella, como la nutrición de los menores o su atención de salud, toda vez que las carencias en ambos inciden negativamente en el rendimiento escolar y en el desarrollo de habilidades. Además, se aplicarán incentivos —monetarios, entre ellos— para que los jóvenes no abandonen la escuela secundaria, y se priorizará el vínculo entre la educación y el sistema productivo, con programas de internado y cursos de aprendizaje, de manera que los chicos conecten cuanto antes con el mundo del trabajo.

Hasta aquí todo bien. ¿Quién pone el dinero?

Un Estado que ni recauda ni protege

La respuesta es imaginable: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y EE.UU. asumirán buena parte del monto. Para EE.UU. es casi un deber moral arrimar el hombro, por ser el principal destino tanto de los emigrantes como de las drogas que “revuelven” el ambiente por el que transitan. No pocos cuestionan que la ayuda militar a Centroamérica en décadas pasadas superó los 9.000 millones de dólares, mientras que, en años de “paz”, no rebasa los 200 millones anuales. 

Se aplicarán incentivos para que los jóvenes no abandonen la escuela secundaria 

Quizás a modo de corrección, ya el Congreso de EE.UU. ha dispuesto 1.000 millones de dólares para una primera fase del PAPTN, aunque la sostenibilidad del esquema en el tiempo no puede depender únicamente de la ayuda foránea.

En 2011, The Economist citaba una anécdota: tras hablar durante una conferencia de hombres de negocio en Guatemala sobre los avances del combate contra el crimen organizado en Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe fue aplaudido a rabiar. Sin embargo, cuando exhortó a los presentes a pagar sus impuestos para sostener la acción estatal y alcanzar igual resultado en el país centroamericano,(1) se hizo un “sonoro” silencio.

La dura realidad social guatemalteca, hondureña y salvadoreña pasa precisamente por ese desentendimiento, por esa cadena de irresponsabilidades que acaba en negros titulares de prensa. No son los años 80, pero más o menos como entonces, un puñado de familias ricas continúa ostentando el poder económico y se las arregla para esquivar la débil maquinaria impositiva del Estado, que, sin fondos suficientes, deja amplias grietas por cubrir, incluida la seguridad ciudadana. De resultas, los criminales, a su aire, hacen su parte en las redes de narcotráfico que pasan por el territorio, al tiempo que se dedican a extorsionar y asesinar a los ciudadanos comunes, de los que unos toman el camino del norte para salirse de una vez de esa pesadilla, y otros, para seguir vivos, se unen a las pandillas en busca de “protección”.

Decididamente, hay que fortalecer al Estado, por lo que el PAPTN propone entrenar a los funcionarios encargados de hacer cumplir las obligaciones tributarias, modernizar los mecanismos de recaudación, y lustrar hasta la transparencia la gestión de los recursos públicos. Con ello, se pretende ganar la confianza de los ciudadanos y hacerles ver que vale la pena quedarse, trabajar, modelar un futuro en el que el Estado se preocupa por ellos y les protege… Lo que hasta este instante, y visto el duro bregar de estas sociedades con los regímenes militares de antaño, no ha ocurrido jamás. 

El Banco Interamericano de Desarrollo y EE.UU. asumirán buena parte de la financiación 

Cuerpos policiales: mejor cambiarlos que reformarlos

En el centro gravitacional de los graves problemas del “Triángulo Norte” está la inseguridad. En un reciente artículo en The Miami Herald, el secretario general de la ONU, Ban Kimoon, se asombraba al poner en proporción las cifras de asesinatos de El Salvador: “En un solo día, 22 muertos. Sería el equivalente a 1.050 homicidios en EE.UU. en 24 horas. Tristemente, fue solo un día cualquiera en Centroamérica”.

No es este el ambiente en que un empresario se propondría abrir negocio y crear empleo —de hecho, Walt Mart cerró su oficina regional en Guatemala y la trasladó a Costa Rica, dado el alto costo de las pólizas de seguridad en el país del quetzal—. Por eso una de las previsiones del plan es, justamente, agilizar los mecanismos de la justicia, ya que en sitios como El Salvador solo el 5% de los casos finaliza con el veredicto de un tribunal.

Y claro, habrá que modernizar los órganos policiales. Hasta ahora, la confianza que suscita la policía es nula, por lo que quienes pueden permitírselo contratan a compañías de seguridad privadas (CSP). Pedro Trujillo, teniente coronel jubilado del ejército español y actual director de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, cifra el número de dichas compañías en unas 140.

“Son la respuesta ante una oferta publica inexistente o de mala calidad —explica a Aceprensa—. La policía nacional no responde a las expectativas de los ciudadanos en protección, reacción, actuación… con lo que no les queda otra que protegerse, y surgen las CSP. Como el mercado es amplio, hay compañías de ‘mala’ calidad y otras de mejor producto. Y cualquier cosa se puede conseguir: desde un vigilante armado, hasta estudios sofisticados de investigación e inteligencia”. 

La escasa confianza en la actuación policial ha provocado un auge de las compañías de seguridad privadas 

El ex militar se declara escéptico acerca de cómo planteará el PAPTN la renovación de los cuerpos estatales de seguridad: “Hay que analizar los modelos policiales. No se trata de mejorar, modificar o cambiar algunos, sino más bien de hacer modelos más eficientes, y me parece que este proyecto, como otros muchos, respaldará la idea de la reforma policial, cuando de lo que habría que hablar es del cambio sustancial del modelo. Si no hay un proyecto de carrera, una ley de destinos, unas condiciones de trabajo que no superen (salvo excepciones) las 8-10 horas, un salario adecuado, un trato digno, una acercamiento a la comunidad, una despolitización, un servicio eficiente y un larguísimo etcétera de cambios, no será posible avanzar”.

Sí, los fines son excelsos: una educación más en sintonía con las necesidades del desarrollo, un clima de seguridad para las empresas y los ciudadanos, un Estado consolidado y responsable… Solo queda determinar hasta qué punto las élites políticas y económicas locales, adaptadas a vivir en asépticos búnkeres y con tendencia a legislar en beneficio propio, estarán dispuestas a traducir la idea en hechos.

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(1) Un estudio del Wilson Center refería, en 2012, una tasa de evasión de impuestos del 51% en El Salvador por parte de las empresas, y del 36,3% por parte de las personas físicas, mientras que, en Guatemala, estas últimas superaban a las empresas: 69% frente a 62,8%.