Dados los bajos ingresos por impuestos, el gasto de gobierno va a tener que ajustarse más aún.

La Operación Renta 2017, dada a conocer hace algunos días por el Servicio de Impuestos Internos (SII), entregó información en materia de recaudación tributaria: el aporte de las empresas registró una baja respecto del año anterior. Es así como el impuesto de primera categoría varió -0,8%. Esto aún cuando la Reforma Tributaria aumentaba la tasa de este impuesto de 22,5% a 24%. 
 
Y es que este resultado no ha de sorprendernos tanto. Está bien documentado en la literatura tanto teórica como empírica que el impuesto corporativo es el más dañino para el crecimiento y la inversión. Los efectos indeseables del cobro de impuestos son ampliamente reconocidos e incluyen: costos de cumplimiento por parte de los contribuyentes, administración del Servicio de Impuestos Internos, costos de elusión y evasión, y distorsiones en las decisiones de las personas. Este último es identificado como el más relevante. Así, conocer la magnitud o al menos reconocer la presencia de estos costos resulta fundamental a la hora de evaluar cualquier sistema tributario, sabemos que no es neutro. 
 
Es más, el mismo Ministro de Hacienda reconoció recientemente en una entrevista que un aumento impositivo no es inocuo: "Si hay un mea culpa que podemos hacer, es que debimos haber presentado la reforma tributaria no como algo que no tenía ningún impacto, que era neutro, porque no es neutro", dijo. 
 
¿Cómo es nuestra carga impositiva en comparación con otros países? Mientras en Chile no terminamos todavía de implementar la reforma del año 2014 (Ley 20.780), cuyo objetivo fue aumentar la recaudación fiscal en 3 puntos del PIB, entre otras cosas, a través de un alza del impuesto a las utilidades retenidas de las empresas a 27%; en EE.UU. se propone rebajar esta tasa desde más de un 35% (federal) a un 15%, eliminando exenciones y simplificando. Esta idea también está tomando fuerza en países como Inglaterra e incluso Francia, dando cuenta de un fenómeno global. 
 
Hay al menos tres puntos que vale la pena destacar, especialmente considerando que un próximo gobierno, si realmente quiere retomar un mayor ritmo de crecimiento, deberá hacerse cargo de este tema. Algo nada fácil, considerando la delicada salud de las finanzas públicas y los onerosos compromisos ya contraídos. Primero, Chile, incluso antes de la reforma, tenía una recaudación tributaria proveniente de las empresas bastante alta en términos comparados.

Segundo, lo anterior resulta problemático pues como está bien documentado en la literatura tanto teórica como empírica, el impuesto corporativo es el más dañino para el crecimiento y la inversión. Tercero, esto es algo que los países OCDE han entendido y han bajado sus elevadas tasas de impuesto a las empresas en las últimas décadas. 
 
Sin embargo, la última reforma tributaria consideró un importante aumento a los impuestos corporativos (además de eliminar la integración total en las grandes empresas), argumentando que la parte de los impuestos proveniente del capital era demasiado baja en el contexto internacional.  
 
Este es un diagnóstico equivocado, pues si bien Chile presentaba antes de la reforma una tasa marginal máxima a las empresas (primera categoría) algo menor que los países OCDE, los gravámenes efectivamente pagados por las empresas representan en Chile una fracción mayor de la recaudación -y del PIB- que en prácticamente todos los países de la OCDE. Ello naturalmente se acentuará tras la implementación de la reforma de 2014. 
 
De esta manera, más allá de efectos contables que puedan haber o efectos de precios internacionales que pudieron influir en la menor recaudación de 2016 en Chile, es innegable que el crecimiento económico es la mejor política recaudatoria que se puede tener. A mayor crecimiento, mayor es la recaudación fiscal y mayores son los fondos disponibles para implementar políticas sociales. 
 
¿Qué se viene hacia adelante? Dados los bajos ingresos por impuestos, el gasto de gobierno va a tener que ajustarse más aún. Esto, en un momento donde se han adquirido compromisos de gasto permanente hacia el futuro. Y es que antes de esta información del SII, ya se proyectaban holguras negativas (esto es, gastos comprometidos mayores a aquellos compatibles con la meta de Balance Cíclicamente Ajustado) por aproximadamente US$ 1.800 millones.  
 
Ahora, lamentablemente, estamos frente a una posición fiscal aún más débil, la que se deja como una pesada herencia a la próxima administración.