Aunque el Congreso de los EEUU no haya elaborado la mayoría de las 3.408 normas y regulaciones públicas emitidas por agencias y oficinas federales, sí que tiene poder para deter algunas de ellas.

Según los encuestadores de Gallup, los americanos creen que el gobierno fue el principal problema del país en 2015, por delante de la economía, la atención médica y el desempleo. Y no es difícil saber por qué, si se tiene en cuenta que nuestro gobierno federal es el responsable de un régimen regulador que ha crecido hasta alcanzar el récord de 82,000 páginas en el Registro Federal, con un costo aproximado de $2 billones anuales. Y lo peor es que gran parte de las nuevas normas proceden de burócratas no electos en agencias federales y no de los representantes electos al Congreso.

El Instituto de Empresa Competitiva calculó que el Congreso aprobó unas 87 leyes en 2015, en comparación con las 3,408 normas y regulaciones emitidas por las agencias y oficinas federales. Eso supone alrededor de 39 normas y regulaciones por cada ley. 548 de esas nuevas normas afectan a las pequeñas empresas, por lo que a su vez pueden afectar a los empleados y sus nóminas.

Y aunque el Congreso no es el que ha elaborado la mayoría de estas normas públicas, sí tiene poder para detener algunas de ellas.

La Ley de Revisión del Congreso de 1966 permite que éste revise y anule las principales regulaciones de las agencias, que le cuestan a nuestra economía $100 millones o más al año (sólo el año pasado se publicaron 35 de esas costosas normas, por cierto). A pesar de este poder, el Congreso solamente ha revisado 43 normas desde 1996. Y ha desaprobado sólo una, a pesar de que la extralimitación regulatoria supone cerca de $15,000 por hogar y año (más que el promedio de gasto familiar en atención médica, comida y transporte).

Sin embargo, puede que haya dos nuevas iniciativas legislativas en camino. Se espera que la Cámara de Representantes acepte esta semana un par de proyectos de ley que abarcarán dos aspectos diferentes de la regulación federal.

Uno es la Ley de Información Pública sobre Decretos y Resoluciones Regulatorias, que sería un avance para detener la práctica denominada como “demanda y acuerdo”, por la que las organizaciones entablan demanda a las agencias federales y luego llegan a un acuerdo en privado. El resultado suele ser la aparición de nuevas regulaciones favorables a dichas organizaciones demandantes, con poco o ningún escrutinio público. Como indica la Cámara, este proceso conculca los principios de gobierno abierto y participación pública.

Un ejemplo “por antonomasia” es el Plan de Energías Limpias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que establece directrices para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono específicas para cada estado con el fin de abordar el cambio climático. El Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado (EPW) emitió un informe el año pasado en el que se indicaba la connivencia entre responsables de la EPA y del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), un grupo que quería que el Plan de Energías Limpias incluyera algunas de sus propias disposiciones. El Comité especificó que la EPA y el NRDC “compartieron información a través de cuentas de correo electrónico privadas, mantuvieron una reunión informal en un Starbucks de Washington e incluso debatieron las palabras que se usarían para explicar el plan a la opinión pública”.

Sin embargo, aquellos que se verían directamente afectados por el Plan de Energías Limpias no participaron en esa negociación.

El proyecto de ley de “información pública” cambiaría eso. Proporcionaría más transparencia al exigir que las agencias publicasen e informasen al Congreso sobre quejas por casos de “demanda y acuerdo”, permitiría que las partes interesadas participasen en las negociaciones relativas a los litigios y las resoluciones y ofrecería un periodo de alegaciones una vez que se alcanzase un acuerdo.

El otro proyecto de ley se denomina Ley “SCRUB”  y aspira a reducir el costo que suponen las regulaciones para la economía. La ley establecería una comisión para efectivamente “barrer” de las regulaciones federales existentes las normas anticuadas e ineficaces que deberían ser derogadas. También se exigiría a las agencias que revisasen todas las regulaciones cada diez años.

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