Han condenado a cadena perpetua a Antonio Bussi por la desaparición del político peronista, Guillermo Vargas, en 1976 y de otros delitos relacionados con el asesinato y desaparición de personas.

Antonio Bussi
Cuando el juez lo declaró culpable de genocidio y le condenó a cadena perpetua, las exclamaciones de júbilo y gritos de “¡asesinos!, ¡asesinos!”, detuvieron por un momento la lectura de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Tucumán, al norte de Argentina.

Bussi es una figura clave de la dictadura argentina y la prueba viviente de que la represión militar contra los opositores comenzó antes del golpe contra María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, en 1976.

También dirigió Operativo Independencia, que servía para capturar y asesinar si fuera preciso a las guerrillas rurales en Tucumán. Gracias a su hoja de servicios, fue nombrado gobernador de la provincia donde continuó con su labor de hacer asesinato y desaparición de los que se le oponían, incluidos algunos ciudadanos españoles.

En silla de ruedas y con una mascarilla y oxígeno, Bussi aseguró que había luchado contra “bandas de delincuentes subversivos terroristas, que mantenían fuerte presencia en el monte y en ciudades”, y que había encabezado un combate contra “el comunismo internacional”.

No quiso dejarse nada en el tintero y Bussi lloró en el alegato final, pero no para que le redujeran la pena o para manifestar algún grado de arrepentimiento sino para reivindicar que no había recibido un juicio justo y que los que le acusaban no eran más que “vendettistas”. El condenado no ingresará en prisión por razón de edad.

En la calle, los partidarios y los detractores empezaron a intercambiar gritos e insultos, porque sus defensores todavía se cuentan por miles. Veinte años después del horrro que había contribuido a desatar, sus propios vecinos lo eligieron como Gobernador en 1995 y como diputado nacional en 1999.