El Informe de Coyuntura Económica , elaborado por el instituto Libertad y Desarrollo, plantea la importancia de que, con una recesión ad-portas que afectará sustancialmente al mercado del trabajo, el proyecto de ley de presupuesto de 2023 dé prioridad a instrumentos que impulsen una reactivación económica y a la austeridad necesaria.

Hace pocos días atrás, Moody`s Investors Service rebajó la calificación de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Chile desde A1 a A2. La agencia señaló que la rebaja de la calificación fue impulsada por las tendencias fiscales y económicas que han debilitado de forma gradual, pero persistente, el perfil crediticio de Chile. Asimismo, manifestó su preocupación por la evolución futura del gasto público, así como de la deuda gubernamental que podría llegar a superar el equivalente a un 40% del PIB en el corto plazo.

Esta medición, que se inicia a mediados de los noventa con la clasificación Baa2, estuvo en mejoría persistente hasta el 2010 donde llegó un nivel de Aa3, que considera que las obligaciones estatales son de alta calidad y están sujetas a un riesgo crediticio muy bajo. Lamentablemente, a partir de 2018 se inicia el empeoramiento de nuestro ranking y lo ocurrido hace unos días es una nueva rebaja que implica un retroceso de 16 años en la clasificación de riesgo de Chile.

Esta rebaja tiene consecuencias sobre nuestra economía en relación a la tasa de interés a la cual nuestro país logra conseguir financiamiento, justamente en un momento en que nuestra deuda pública sigue subiendo y que en marzo pasado ya se empinaba por sobre los US$ 113 mil millones, equivalentes a un 35,8% del PIB. A su vez, el informe de finanzas públicas del segundo trimestre proyecta que a fines de 2023 dicho guarismo llegaría a 40,4% y en el 2026 ya estaría en un 43,1% del PIB.

El aumento de la tasa de interés, así como de la deuda total se hace muy relevante al momento del pago de los intereses respectivos y es así como se estima que dicho desembolso bordeará los US$ 3 mil millones (0,97% del PIB) durante el presente año, cifra que supera largamente todo el presupuesto dedicado a financiar la gratuidad en la educación superior. De acuerdo a los estudios de la Dipres, este gasto llegaría a un 1,22% del PIB en 2026, equivalente a cerca de US$ 4 mil millones.

De esta manera, el proyecto de ley de presupuesto 2023 que conoceremos a fines del presente mes definirá la trayectoria futura del gasto público, ya que será la primera propuesta fiscal elaborada por la actual administración y, en el contexto de una recesión ad-portas que afectará sustancialmente al mercado del trabajo, se espera que se dé prioridad a los instrumentos impulsores de una reactivación económica, así como a la requerida austeridad que las circunstancias exigen tanto para el sector público como privado.