La operación se ha desarrollado en España, Portugal, Italia, Polonia, Hungría y Eslovaquia. Por el momento, la policía ha detenido a 65 personas que se dedican al tráfico de ciudadanos ucranianos para su explotación laboral y sexual en distintos países de la Unión Europea.

Extorsionaron a 3.500 personas desde 2004
La operación se ha desarrollado en España, Portugal, Italia, Polonia, Hungría y Eslovaquia. El ministerio del Interior español ha colaborado con 200 hombres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es la primera vez que Eurojust, como órgano de coordinación de la cooperación judicial europea, participa en el operativo policial.

La investigación de este grupo se inició en septiembre de 2007, al detectar la existencia de una organización criminal internacional, integrada por ciudadanos ucranianos, que estaba traficando con seres humanos con destino a España, Portugal y otros países de la Unión Europea.

Al parecer, la organización llevaba cuatro años actuando y podría haber introducido en la Unión Europea, principalmente en España y Portugal, al menos a 3.500 personas.

Por el momento, se imputan diversas infracciones penales a 70 personas y se han detenido a 32 individuos acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, asociación ilícita y trata de personas para su explotación laboral y sexual. Hay otros 33 detenidos por estancia irregular, 30 de ellos en España y otros 3 en Portugal. La operación continúa abierta.

La banda captaba a sus víctimas mediante anuncios en prensa, revistas, tarjetas de visita y por el boca a boca entre intermediarios, conductores, agencias de viajes o empresas de transporte de mercancías y viajeros.

Tras localizar en Ucrania a personas que quisieran trasladarse a la UE para trabajar en la economía sumergida o ejerciendo la prostitución, las proveían de los documentos necesarios y las instruían sobre qué argumentos utilizar para justificar su viaje, siempre por motivos turísticos.

La organización disponía para el traslado de los inmigrantes de una flota de furgonetas y minibuses, que eran conducidos por ucranianos con permisos de residencia en España, Portugal, Italia y Francia.

Engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que con los documentos que les facilitaban podrían entrar en la Unión Europea y obtener sin problemas los permisos de trabajo y residencia. De esta manera conseguían que les abonasen los importes del viaje, fijados entre 2.500 y 3.000 euros.

Una vez en la Unión Europea eran alojados en “pisos-patera”, situados principalmente en Milán y Málaga. En otras ocasiones también eran alojados en hoteles, barracones e incluso en los mismos vehículos en los que habían viajado.

Para asegurar el cobro de las cantidades estipuladas les retenían los pasaportes y documentos que portaban. Si era necesario, les mantenían encerrados en pisos, de los que no podían salir hasta que, por medio de sus familiares o de cualquier otra persona, se les hiciera llegar el dinero.