La histeria colectiva de la izquierda sobre la cantidad de dinero que se gasta en la política no es nueva.

Con las ya terminadas convenciones de los dos partidos principales en Estados Unidos, el republicano y el demócrata, el ciclo electoral para elegir nuevo presidente se va cerrando para llegar a su apoteosis el primer martes de noviembre cuando el país al completo irá a las urnas.

Las campañas estarán dominadas por la maquinaria de los partidos y sus candidatos, pero también por grupos relacionados o ajenos a estas campañas para promover sus propios intereses políticos en estas elecciones generales. La participación de estos grupos en el ciclo electoral siempre deriva en dura crítica por parte de sectores de izquierda sobre el financiamiento de las campañas y las contribuciones de individuos porque creen que influyen en el proceso electoral. Estos “reformistas” de las leyes de financiamiento electoral aducen que limitar el dinero en nuestro proceso electoral es lo correcto y beneficioso para la sociedad. Sin embargo, en realidad es nada más que un intento de limitar el derecho a la libre expresión.

Esta histeria colectiva de la izquierda sobre la cantidad de dinero que se gasta en la política no es nueva, pero desde el caso FEC v. Citizens United decidido por la Corte Suprema de EE.UU. en el año 2010 se ha desatado el furor izquierdista. Este caso determinó que el gobierno no puede prohibir que corporaciones o sindicatos gasten su dinero apoyando o atacando candidatos individuales en campañas electorales siempre y cuando no cooperen o den dinero directamente a las campañas. La ley no sólo penaba con multas al “infractor” sino que incluso daba cárcel. Este triunfo de la libertad fue la batalla de David contra Goliat, pero como era de esperarse, la reacción de la izquierda americana fue histérica, pero me parece que esta visión está basada en unos cuantos supuestos equivocados.

El primer supuesto, y uno de los más utilizados, es que los candidatos pueden comprar las elecciones o utilizar grandes cantidades de recursos para ganar, aunque estos grupos externos no apoyen o coordinen directamente con la campaña. Pero no existe ni un solo estudio académico que pruebe esta premisa de que el candidato con más dinero recaudado o gastado se convierta necesariamente en triunfador. Ejemplos de lo contrario son la campaña de Steve Forbes, o más recientemente la de Jeb Bush, que ni con 100 millones de dólares, el apoyo considerable de Superpacs y de las élites políticas lograra vencer a Donald Trump en las primarias republicanas.

El segundo supuesto es que eliminando estas restricciones se abre una caja de Pandora a favor de los grandes intereses. Aquí también se equivocan. No existe un cambio considerable en la cantidad de donaciones proveniente de grandes empresas. Es incluso contraproducente para una empresa irritar a una parte del electorado apoyando a un candidato sobre otro. Además todavía existen las restricciones sobre individuos y corporaciones donando directamente a las campañas.

El tercer supuesto es que permite la participación de individuos y entes foráneos en la campaña. Pero aquí se olvida muy convenientemente que la Corte Suprema ha mantenido esas restricciones, que se mailinterpretan o se diluyen en el barullo mediático.

Estos “reformistas” izquierdistas acaban ayudando al político que ya está en el poder y restringen la libertad de expresión. Existe una larga bibliografía sobre lo importante que es la incumbencia política en relación al reconocimiento que tiene el elector al candidato incumbente. Si uno es un candidato sin reconocimiento popular, hay que invertir dinero para poder combatir esa falta de reconocimiento y en ello pueden ayudar individuos y grupos gracias a FEC vs. Citizens United. Las restricciones sólo sirven como medidas proteccionistas para el político ya en el poder.

Pero más importante, esas restricciones coartaban la libertad de expresión del individuo. Como indica el afamado abogado Theodore B. Olson sobre la decisión: “Según la Primera Enmienda, el gobierno no puede inhibir, restringir, amenazar o censurar a las personas en el ejercicio de su derecho a expresarse su opinión sobre las elecciones y el proceso político. ¿Qué puede ser más importante que esto?”.

La decisión legal le recuerda al gobierno correctamente que la acción de un individuo entrando en asociación con un grupo o corporación no tiene por qué ser óbice de la pérdida de su derecho a la libre expresión. El dinero es expresión, el famoso problema del dinero en la política, es una reacción natural de parte de los ciudadanos de influir el proceso político dado que el gobierno interfiere en muchos aspectos de su vida. Hay una sencilla solución para disminuir el dinero en la política: Disminuyamos el tamaño del gobierno.

Los donantes a grupos y organizaciones permite que en nuestro sistema se expanda la participación ciudadana en el proceso político, influyendo con campañas en pro o en contra de candidatos, ideas, propuestas de política pública etc… Nuestra república se beneficia cuando sus ciudadanos participan en su democracia, no sólo con palabras sino también a través del uso de su dinero.

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