Nueve millones de ecuatorianos acudieron ayer a las urnas para votar en un histórico referéndum en el que se juega aprobar o rechazar la nueva Constitución, que tiene el objetivo de establecer un nuevo régimen político, jurídico y económico. Su principal impulso, el presidente, Rafael Correa, ha asegurado varias veces que renunciará si no se aprueba el texto constitucional

El intervencionismo se multiplicaría
El referéndum se interpreta como un plebiscito sobre la gestión de un líder temperamental, populista y popular, que seduce a los pobres (más del 50% de la población), preocupa a los empresarios y asusta a los ricos, a quienes con mordacidad llama “pelucones”.

Alimentado por un electorado sediento de cambios y reforzado por la alta popularidad de Correa, el voto afirmativo a la Constitución alcanzaría el 55% de los sufragios según una encuestadora, y el 57% según otra. Correa ha llegado a tener una popularidad del 70% gracias a su discurso retórico, a promesas de mejoras y a una política de subsidios y bonos, amparada en el alza de los precios del petróleo, principal ingreso del país.

Según las últimas encuestas, el 57 por ciento de ecuatorianos votará por el apoyo a la nueva Constitución y solo 24 por ciento la rechazará, sondeo que no se puede difundir en Ecuador por la ley electoral que impide dar a conocer encuestas desde el 8 de septiembre pasado hasta después de la jornada electoral.

Las 48 horas previas al cierre de la campaña estuvieron precedidas de intensas jornadas de marcha y movilizaciones de grupos sociales y políticos en favor y en contra de la carta magna elaborada por una Asamblea Constituyente durante ocho meses. En los medios aparecieron multitud de espacios con propaganda política.

Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca se convirtieron en centros de gran actividad electoral para pedir a la ciudadanía el voto a favor y en contra del proyecto.

Al igual que anteriores días, los partidarios del ´Sí´ entregaron en Quito copias de la Constitución y explicaron los pormenores del texto. Los promotores del ´No´, liderados por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, realizaron marchas por varios puntos de la ciudad, en busca de ganar adeptos con el propósito de evitar la aprobación de la Carta Magna que abre las posibilidades a un cambio de las estructuras de poder en Ecuador.

Las mayores confrontaciones se registraron en la ciudad de Guayaquil, considerada el cuartel general de los socialcristianos, donde los partidarios del ´Sí´ y el ´No´ intensificaron sus acciones esta semana. De hecho, el presidente Correa se trasladó el pasado martes a la ciudad para presidir la campaña de los defensores.

El mandatario aseguró el pasado jueves que la consulta de mañana decidirá el futuro del país, entre el “pasado de oprobio o un futuro de equidad, igualdad y dignidad”. “Votar Sí representa apostar por un nuevo Ecuador, esa patria altiva y soberana en la que han soñado tantas generaciones de ecuatorianos”, subrayó.

El texto permitirá a Correa gozar del poder hasta el año 2017 y aumentar exponencialmente las atribuciones del Ejecutivo.

La propuesta ha sido calificada de hiperpresidencialista, ya que intenta concentrar todo el poder, establece un modelo económico con una malsana intervención del Estado sobre los mercados y no tiene límites para el gasto de las finanzas públicas.

La nueva Constitución rechaza el aborto y los matrimonios homosexuales. Invoca a Dios, protege al ser humano desde el momento de su concepción, considera el matrimonio la unión entre un hombre y una mujer y la adopción se permite para uniones de dos personas de distinto sexo.

También prevé cambios importantes para ecuatorianos en el exterior, ya que contempla la posibilidad de votar en las elecciones municipales, coincidiendo con la propuesta del PSOE para que los extranjeros puedan votar en España, para lo cual tiene que haber reciprocidad en el país de origen.

En España tienen derecho a participar en el referéndum casi 93.000 ecuatorianos, la mayoría de ellos empadronados en Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia.