La izquierda radical latinoamericana, ahora está meridianamente claro, es profundamente antidemocrática.
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El caso Nicaragua
No sólo no respeta los derechos humanos, ni las libertades civiles y políticas de sus pueblos, sino que está empeñada en la abierta deformación de las instituciones democráticas, con una suerte de “manual” que sugiere las pautas que todos utilizan, adaptándolas a sus respectivas realidades nacionales
La idea madre que la impulsa es la de destruir, uno a uno, los equilibrios y contrapesos que caracterizan a la democracia. Para ello, primero concentran groseramente el poder en el Ejecutivo. Segundo, transforman a los Parlamentos en meros “sellos de goma”, que se limitan a “legitimar” -sumisamente- lo que les envía el Ejecutivo, sin discutir sus contenidos. Tercero, manipulan a la justicia. En algunos casos, como los Kirchner en la Argentina, a través del manejo -siempre agresivo e intimidatorio- del Consejo de la Magistratura. En otros, mediante la amenaza abierta, como sucede, por ejemplo, en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Todo deviene entonces instrumental para que exista -e impere- el “discurso único” que se predica insistentemente desde el poder. Cualquier otro mensaje, simplemente no existe.
Pero hay situaciones puntuales que realmente son de color “castaño oscuro”. Una de ellas es ciertamente la nicaragüense que, no obstante, no parece haber llamado aún la atención alarmada de la OEA, organismo que se limita a expresar “preocupación” mientras prefiere ignorar o silenciar la Carta Democrática Interamericana. Quizás, para no ofender a los gobiernos de aquellos de sus miembros que hoy están circunstancialmente enrolados en la izquierda radical.
Daniel Ortega es uno de aquellos que no usan antifaz. Pero hay otros, como los Kirchner o Rafael Correa, que todavía los utilizan. A veces. Hace algunas semanas Ortega sancionó un decreto absolutamente ilegal (el 03-2010), en virtud del cual mantiene en la Corte Suprema y en el Consejo Electoral de su país a varios magistrados que le son “leales”, a pesar de haber vencido el plazo de sus respectivos mandatos constitucionales. La razón es obvia: la ambición de mantener el control de la cúpula judicial, asegurándose así impunidad.
En el Parlamento, donde Ortega no tiene mayoría, la reacción fue inmediata, convocándose a una reunión urgente de la Asamblea Nacional para derogar el decreto de Ortega, por inconstitucional e irrespetuoso de la división de poderes.
Ante esto, un grupo de matones y pandilleros partidarios de Ortega y organizados por él -ante la sugestiva pasividad policial que simplemente observaba la violencia, sin reaccionar- desató toda su furia contra los legisladores, atacándolos con granas y piedras.
Primero, en la sede de la propia Asamblea Nacional, que había sido sitiada por los “sandinistas”. Y luego en el hotel “Holiday Inn” de Managua, hacia donde fueron los legisladores atacados, quienes -pese a ello- decidieron continuar sesionando allí, ante la imposibilidad de hacerlo en su propio edificio. Con 48 votos, uno más de los requeridos por la ley, comenzaron a sesionar. A la salida, fueron atacados por la turba, resultando tres de ellos heridos. El asedio continuó ininterrumpido, por varios días.
Ortega se opone a la ley con la intimidación y recurriendo a la violencia más abierta. La idea, aparentemente, es la de generar el caos, para intentar luego disolver el Parlamento.
Curiosamente, a la cabeza de las turbas de facinerosos, iba -airado- el abogado Rabel Solís Cerda, un desaforado letrado sandinista, de barba blanca, que es, además, uno de los magistrados que usurpan funciones, cuya ilegal confirmación precisamente es una de las que se están impugnando desde el Parlamento. Una especie de Luis D’Elía nicaragüense, pero a diferencia del matón kirchnerista, en este caso se trata de un “profesional del derecho”, lo que es notable. En la marcha violenta participaron otros jueces “sandinistas”, como Julio César Arias, Abelardo Alvir Ramos y Felipe Jaime Sandoval.
Una turba de jóvenes encapuchados actuó a su lado a la manera de Quebracho, en la Argentina, ante la total pasividad policial, que observó los daños y la destrucción sembrados -vandálica e impunemente- por los manifestantes. Para infundir terror. Sin reaccionar. Cumpliendo instrucciones. Como sucediera con el vandalismo de Quebracho en la “Cumbre de las Américas”, de Mar del Plata, organizada por Néstor Kirchner, con la cooperación íntima de un trío lamentable: Hugo Chávez, Raúl Castro y Diego Maradona.
Una acción claramente fascista que, sin embargo, no consigue conmover a la OEA, que se hace la distraída. Como lo hiciera a lo largo de todo el mandato anterior de su recién re-electo Secretario General, el chileno Insulza, lo que es lamentable. Todo vale, en Nicaragua. Y en Cuba, Bolivia, Ecuador o Venezuela. La ley, en esos escenarios, es sólo el discurso del líder.
Con lo sucedido, no es extraño que el 69,4% de los nicaragüenses rechace a Ortega y a los magistrados ilegalmente designados. Si Ortega fuera hoy candidato a Presidente, ese sería el caudal de votos en contra. Lógico. En las últimas elecciones obtuvo el 38,7%. Hoy lograría sólo el 18,9%. Nada.
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
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