El Ejecutivo dio el visto bueno para su remisión a las Cortes a la conocida como ´ley paraguas´, una norma horizontal por la que se traspone la directiva de servicios, que supondrá una liberalización y flexibilización de las distintas actividades de este sector

Se eliminan barreras legales y administrativas

El Gobierno aprobó hoy el proyecto de ley que transpone la directiva de servicios en el mercado interior y la remisión a información pública del anteproyecto de ley que modifica un total de 46 leyes para poder aplicar dicha directiva, con la que prevé que el PIB aumente un 1,2% y se creen entre 150.000 y 200.000 empleos.

El objetivo de la directiva, que los estados miembros deben incorporar a su legislación antes del 28 de diciembre de 2009, es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre estados miembros.

En concreto, el Ejecutivo dio el visto bueno para su remisión a las Cortes a la conocida como ´ley paraguas´, una norma horizontal por la que se traspone la directiva de servicios, que supondrá una liberalización y flexibilización de las distintas actividades de este sector.

Además, el Consejo de Ministros analizará también el anteproyecto de Ley, conocido como ´ley ómnibus´, que modifica 46 leyes estatales como consecuencia de la trasposición de esta directiva. Este anteproyecto, que será remitido a información pública, contempla entre otras cuestiones la eliminación de aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines.

Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa (que suponen dilaciones temporales) por declaraciones o notificaciones que, posteriormente, podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen, se realizará un examen de todos los requisitos existentes, se garantizará la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro estado miembro y se reforzarán los derechos y la protección de los consumidores.

Una de las principales modificaciones es la eliminación de la autorización para el arrendamiento de vehículos sin conductor que sólo estará sujeta a obligaciones de carácter fiscal, social, laboral o de seguridad ciudadana o vial. Por ello, los requisitos específicos exigidos por la normativa de transporte, como las exigencias de un local dedicado en exclusiva a esta actividad y de un número mínimo de vehículos, entre otros, quedan suprimidos.