El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, y ha calificado esta medida como “un instrumento” de la lucha antiterrorista, “aunque no el único”, y que era conocido por el Partido Popular.

El ministro de Justicia: “No podemos echar a ANV”
El titular de Interior ha matizado el funcionamiento de esta medida: “A unos presos se les acerca y a otros se les aleja, por lo tanto, hay que hablar de acercamientos y alejamientos”.

Además, Rubalcaba ha explicado que la política penitenciaria tiene dos referencias, por un lado las leyes, “que se aplican a todos los presos” y, por otro, en el caso de los presos etarras, “elementos que les singularizan”, aunque “siempre” regidos “por las leyes”.

El ministro pidió la complicidad de los medios de comunicación en un asunto que considera de Estado. Y a continuación anunció que no daría más detalles, “porque”, dijo, “pone en riesgo a muchas personas”.

Es la primera vez desde que José Luis Rodríguez Zapatero es Presidente que se aplica esta medida penitenciaria.

Además, según desvela El Mundo se trata de alguno de los presos más significativos de la banda terrorista, entre ellos el asesino del que fuera Presidente del PP en el País Vasco, Greegorio Ordoñez.

No se puede echar a ANV

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dicho que el PP “sabe de sobra” que con la Ley de Bases de Régimen Local es “prácticamente imposible” disolver todos los Ayuntamientos de ANV en el País Vasco y Navarra.

Fernández Bermejo, que ha acudido al Congreso a la sesión de control, ha explicado que “no se dan las condiciones” para que los 42 municipios que controla ANV se puedan disolver aplicando esta legislación, pero ha recordado al “ciudadano” que el Ejecutivo “está muy atento” por si se producen nuevos hechos que permitan hacerlo.

“Pero hechos, no imaginación desbordada”, ha recalcado el ministro, quien ha dejado claro que el Ejecutivo está examinando “muy en profundidad” una reforma legal que posibilite la disolución de los Ayuntamientos de esta formación “desde la legalidad” porque “los atajos no son buenos”.

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, el Gobierno puede disolver los Ayuntamientos cuando su corporación preste cobertura o apoyo “de forma reiterada y grave” al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.