El Gobierno ha aprobado un nuevo conjunto de medidas fiscales que inyectarán 7.800 millones de euros a la economía en 2009, entre las que destacan la agilización de las devoluciones por IVA a las empresas y la supresión del Impuesto de Patrimonio

Se prepara para el futuro
La eliminación del Impuesto de Patrimonio permitirá a 1,3 millones de contribuyentes ahorrar 1.800 millones de euros desde este mismo ejercicio, dado que en 2009 ya no tendrán que hacer la declaración de Patrimonio correspondiente a este año.

El departamento de Pedro Solbes considera que la eliminación del Impuesto de Patrimonio, por el que se deberá compensar a las comunidades autónomas, receptoras de estos ingresos, acabará con el “efecto disuasorio” que existía actualmente para los no residentes que adquirían una vivienda en España y que, como consecuencia de ello, se veían obligados a tributar por este gravamen.

Además de la supresión de Patrimonio, el anteproyecto recoge la posibilidad de que las empresas que así lo deseen puedan solicitar la devolución mensual del IVA desde enero de 2009, frente a la actual devolución cada tres meses.

Hasta ahora, únicamente las empresas exportadoras y las grandes empresas pueden solicitar el ingreso mensual de lo pagado por el IVA.

Según Hacienda, la medida beneficiará a 1,2 millones de empresas, pero calcula que alrededor de un tercio solicitará este adelanto, lo que supondrá una inyección de liquidez para estas empresas de 6.000 millones de euros.

La mayoría de estas empresas, según el departamento de Pedro Solbes, serán las que comiencen a realizar una nueva actividad o las que realizan un importante esfuerzo inversor, ya que son ellas las que mayores devoluciones generan.

Junto con estas dos medidas, el anteproyecto de Ley recoge también la modificación de la deducción por inversión en I+D+I del Impuesto sobre Sociedades, después de que el Tribunal de Luxemburgo de la UE considerara “discriminatoria” su regulación actual para los países de la UE. Hasta ahora, las empresas españolas sólo podían realizar fuera de España un máximo del 25% de la inversión en I+D+i para tener derecho a la deducción, obligación que ahora se suprime.

Estas medidas forman parte de un anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, que ahora será remitido al Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, para volver después al Consejo de Ministros.