Cuando les iba bien a las constructoras, ninguna pidió pagar más impuestos. Sin embargo, ahora que les va mal quieren que lo paguen los impuestos de todos los españoles. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentará que no se derrumben comprándoles una parte del suelo que tengan en propiedad por más de 300 millones de euros.

Les comprará suelo para que no se derrumben
Según las declaraciones de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el Gobierno realizará una primera oferta de 300 millones de euros, que no sería la última y cuyo presupuesto podría aumentar a lo largo del tiempo. Esta medida formará parte de una línea de actuación que se extenderá durante los próximos cuatro años.

La compra del suelo, que llevaría a cabo la empresa pública SEPES, podría llegar a los 450 millones de euros entre 2008 y 2009. De todos modos, la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, que se celebrará cada año.

En el “Foro Cinco Días“, Corredor ha anunciado también que los terrenos se elegirán en función de que puedan construirse viviendas de protección oficial y  que estén dentro de las regiones en las que la demanda se más fuerte. En estos momentos, el estallido de la burbuja inmobiliaria está borrando las diferencias de precio entre este tipo de residencias y las que comercializan las empresas privadas.

“Los españoles van a pagar dos veces. La primera será para ayudar a unas constructoras que no se han caracterizado por sus contribuciones a la comunidad cuando todo les iba estupendamente. Y la segunda será para construir unas viviendas públicas innecesarias, porque tendrán un precio muy parecido al de las privadas durante los próximos años”, afirma un economista consultado por Diario Exterior.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, se ha manifestado desde hace meses en contra de esta medida, pero pidió ayer que, si finalmente se tenía que llevar a cabo, que se hiciera para cubrir las necesidades de la gente y no para ayudar a las empresas. Esta postura se concretó en el rechazo del crédito público que había pedido Martinsa- Fadesa para no suspender pagos a un organismo, el ICO, dependiente de su ministerio.

El proceso

Aunque la primera oferta se realizará en octubre, después habrá un concurso que durará tres meses. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas cooperarán con el Ejecutivo para seleccionar los espacios que se vayan a adquirir y lo que se pague por la compra dependerá del interés del terreno y del precio de las viviendas de protección oficial en ese momento.

Tras el plazo de selección, que se producirá entre octubre y diciembre, el Gobierno se reservará una opción de compra para los suelos escogidos de seis meses. En ese periodo, realizará un estudio sobre la viabilidad económica de la operación.

Al término del plazo de las ofertas, SEPES dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, de tal forma que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluar los terrenos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos.