El presidente de sudanés, Omar Hassan al Bashir, que ha sido acusado de planear una campaña de genocidio en Darfur, podría evitar que lo procesen en la Corte Penal Internacional entregando a dos de los presuntos autores de las matanzas.

Está acusado de genocidio por al Corte Penal Internacional
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, pidió el pasado lunes al tribunal emitir una orden de arresto para Al Bashir bajo sospecha de crímenes de lesa humanidad. Habría ordenado o propiciado el asesinato de 35.000 personas y la muerte de otras 100.000, además de la huida de dos millones y medio de refugiados.

El conflicto, un ejemplo de limpieza étnica contra la población negra y los grupos que rivalizan con la confesión islámica del gobierno, podría haber estado relacionado con sus ricos yacimientos de petróleo y oro. Las milicias musulmanas janjawid, con la colaboración del Gobierno según Human Rigths Watch, fueron el grupo encargado de las mayores atrocidades.

Sudán, China y Sudáfrica creen que la acusación contra el presidente al Bashir podría dañar un proceso de paz que lleva estancado 5 años. “La búsqueda de la justicia no debería poner en riesgo otras prioridades en Sudán”, afirmó el embajador sudafricano ante Naciones Unidas, Dumisani Kumalo.

Por otro lado, los funcionarios de la ONU en la región han mostrado su preocupación, porque temen que una orden de arresto contra el dirigente sudanés desate las represalias de los milicianos contra las fuerzas de paz.

El embajador de Sudán ante Naciones Unidas, Abdalmahmoud Abdalhaleem, ha reconocido que está negociado con China y Rusia, que son dos de los cinco miembros permanente del Consejo de Seguridad, para que bloqueen la petición del fiscal Moreno-Ocampo. La Corte Penal Internacional, aunque su estatuto le proporciona cierta autonomía, depende orgánicamente de Naciones Unidas.