Política

El Reino Unido acusa a Ferrovial de monopolio y le obliga a vender tres de sus aeropuertos

Según la Comisión de Competencia británica, Ferrovial debe vender tres de los siete aeropuertos que gestiona en el Reino Unido porque tiene una posición monopolística. Fueron las propias autoridades quienes aprobaron la compra hace sólo dos años y la multinacional española ha necesitado pedir 12.000 millones de euros para refinanciar la deuda que le generó la operación.

Posee 7 en el país
Un informe provisional de Comisión de Competencia británica prevé que BAA, que es la sociedad mediante la que Ferrovial controla la gestión aeroportuaria, debe vender dos de sus aeropuertos en Londres y también los que posee en Edimburgo y Glasgow. Estos son los que tienen más tráfico del Reino Unido.

Las autoridades británicas creen que el supuesto monopolio de la multinacional española, se traduce en “efectos adversos” para los pasajeros y las aerolíneas. Hace dos años, cuando las autoridades aprobaron la compra por parte de Ferrovial, no apreciaron que hubiera ninguna actividad monopolística.

La decisión de la Comisión de Competencia se convertirá en vinculante en marzo de 2009 si no hay cambios durante un periodo de alegaciones de las distintas partes que durará hasta diciembre.

Las autoriades británicas consideran que los problemas de gestión, sobre todo el incremento de los retrasos de los pasajeros, no se deben al fuerte incremento de la actividad, que es lo que mantiene la multinacional española, sino a la “propiedad común” de Heathrow, Gatwick y Stansted, que aglutinan cerca del 90% del tráfico aéreo de Londres.

No parece que el problema haya sido la falta de inversiones o interés de Ferrovial, ya que la semana pasada logró refinanciar la deuda de cerca de 12.000 millones de euros que le ha generado la adquisición y desarrollo de BAA.

En una primera reacción, el consejero delegado de BAA, Colin Matthews, ha adelantado que el gestor presentará oportunamente alegaciones en las que tratará de demostrar los “fallos” del análisis de la Comisión de Competencia y el “carácter desproporcionado y contraproducente” de los remedios que propone.

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