Es una manera más de reconocer la situación de crisis que vive la economía española. Después del estallido de la burbuja inmobiliaria, muchos inmigrantes empleados por la construcción están quedando en paro. El Ejecutivo de Zapatero ha tomado la decisión de facilitarles el regreso a su país para no dañar las ya mermadas arcas de la Seguridad Social

Los principales afectados: Ecuador y Colombia
El Consejo de Ministros del gobierno español anunció hoy que en septiembre presentará un programa de medidas orientado a facilitar el retorno de los trabajadores extranjeros no comunitarios que se encuentran en paro y desean percibir, de forma acumulada y anticipada, la prestación por desempleo que tengan reconocida.

En rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó el carácter “voluntario y permanente” de esta iniciativa a la que, según adelantó, podrán acogerse unos 100.000 inmigrantes, procedentes, “en su mayoría”, de Ecuador y Colombia.

Según explicó De la Vega, a través de este programa se pretende favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí.

“Quiero señalar que se trata de una medida de carácter permanente y no coyuntural de la que han sido informados los interlocutores sociales y el Parlamento, así como las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Inmigración“, apostilló.

Así, recibirán sus prestaciones en dos plazos: el primero, aquí en España, por el 40 por ciento de su importe, y el resto, allí, en su país, al mes siguiente. Pasados tres años desde el retorno voluntario, el trabajador podrá solicitar de nuevo la autorización para vivir y trabajar en España; pasados cinco, tendrá derecho preferente.

La vicepresidenta aseguró que el programa para el retorno voluntario de trabajadores inmigrantes “no anula otros planes que están contemplados en la Ley de Extranjería“, que “van a seguir en vigor porque responden a necesidades distintas”.

Asimismo, apuntó que el Gobierno “hará esfuerzos” para atender a las necesidades de las ONGs, que, a su juicio, “hacen un papel realmente extraordinario”.