Los dos mayores partidos de España, el Partido Popular y el Partido Socialista, han coincidido en la necesidad de crear una base de datos para identificar lo antes posible a los pederastas y evitar que reincidan.

Sólo podrán acceder los jueces y la policía
El caso de Mari Luz, la niña secuestrada y asesinada presuntamente por un hombre que estaba condenado por abusar sexualmente de sus hijas, ha provocado que las dos principales fuerzas políticas se pongan de acuerdo y promuevan la creación de un registro nacional de pederastas.

El gobierno debería reformar el Código Penal para que existiese la posibilidad de crear un registro con los nombres y las direcciones de los que abusaron o corrompieron a menores. La proposición no de ley impulsada por el PP, enmendada por PSOE y CIU y respaldada por el PNV, es la primera pieza para renovar el articulado.

Por el contrario, los independentistas catalanes de ERC se han posicionado en contra de la moción, porque, en palabras del diputado de la formación, Joan Ridao, “nadie puede actuar de su propia mano” en un estado de derecho. Ridao se muestra convencido de que el registro, aunque el acceso estaría restringido a los jueces y la policía, favorecería que las víctimas y sus familiares pudiesen vengarse del pederasta.

Emilio Olabarria, diputado del PNV, considera que las penas no son suficientes cuando se trata de evitar la reincidencia de “estos casos de patologías criminales”.

Para garantizar la seguridad jurídica, algo necesario tanto para los delincuentes como para el resto de la sociedad, el portavoz del Gobierno, José Antonio Alonso, ha asegurado que el registro se justifica por la “conducta especialmente peligrosa” de este tipo de criminales.

Alonso también añadió que el Ejecutivo está trabajando en una fórmula penal que endurezca las penas de los pederastas obligándoles a cumplirlas íntegramente sin dejar de analizar el perfil de cada uno para prevenir su ánimo de reincidir.