En un encuentro que mantuvieron con motivo de la visita de los Príncipes de España a Rabat para inaugurar el Instituto Cervantes, el jefe de la diplomacia de Marruecos, Taieb Farsi Fihri, comunicó a su homólogo Miguel Ángle Moratinos, que el Gobierno al que pertenece ofrece a Aminetu Haidar que acuda a un consulado alauí a solicitar un nuevo pasaporte marroquí.

 

En caso de que no obtuviera el documento marroquí, entonces el Gobierno español le ofrece concederle el estatuto de refugiada lo antes posible “y documentarla como tal para que pueda obtener un título de viaje”. Ella se encuentra en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote esperando poder coger un avión para regresar a El Aaiún, de donde fue expulsada por Marruecos tras retirarle su pasaporte.

 

De acuerdo con la versión de Farsi Fihri, la activista saharaui defensora de los derechos humanos había usado en los últimos años un pasaporte marroquí y cumplido con los trámites administrativos de entrada, que en la última ocasión no los siguió. Esa versión difiere de la que sostiene Haidar. Asegura que desde 2006 ha venido cumplimentando las tarjetas de desembarque de la misma manera: sin identificarse como ciudadana marroquí e indicando que su domicilio se encuentra en Sáhara Occidental.

 

Según Amnistía Internacional, Haidar fue interceptada por agentes de seguridad a su llegada al aeropuerto de El Aaiún el 13 de noviembre de 2009 tras haber pasado un mes de viaje en el extranjero. Los agentes se fijaron de forma especial en que en la tarjeta de desembarque figuraba que su domicilio está en Sáhara Occidental en lugar de “Sáhara marroquí”.

 

Los agentes procedieron a interrogarla sobre sus creencias políticas y actividades en materia de derechos humanos, qué había hecho durante su viaje en el extranjero y quién lo había pagado, y sobre el tratamiento médico que había recibido en España. Luego, la enfrentaron a un pariente y a otros saharauis que intentaron disuadirla para que dejase de luchar por la autodeterminación del pueblo de Sáhara Occidental, “cosa que ella rehusó hacer”. Finalmente le pidieron que firmara una declaración policial en la que renunciaba a la nacionalidad marroquí y le confiscaron el pasaporte y otros documentos de identificación marroquíes.

 

Este viernes, el Ministerio de Exteriores ha reiterado que el Gobierno español “no tiene competencia sobre la decisión de terceros estados de rechazar la entrada en su territorio, ni tampoco sobre la de las compañías aéreas que aplican las normas internacionales”. No obstante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Marruecos es firmante, prohíbe a un Estado expulsar de su territorio a un nacional.