Evo Morales ha asegurado que el estado de sitio no se extenderá al resto de las provincias opositoras. Este es el compromiso que ha adquirido con el representante de esos departamentos, Marío Cossío, a cambio de que le ayude a pacificar el país.

Después de declararlo en Pando
El presidente boliviano ha dicho que intentará revisar la nueva constitución, que aumentaría su poder en detrimento de las regiones, para considerar las demandas de los gobernadores que se le oponen. Esta es una demanda que los prefectos llevando formulando desde hace meses.

Los gobernadores de las regiones más prósperas de Bolivia no quieren que del Ejecutivo someta sus departamentos a la planificación socialista y a la expropiación de muchas de las empresas por parte del Estado. Tampoco comparten la visión indigenista que su presidente, que cree que la discriminación a favor de determinados colectivos es una deuda histórica que debe estar por encima de la igualdad ante la ley.

Las regiones como Santa Cruz, Beni, Pando o Tarija, han crecido económicamente gracias a la competencia, la inversión extranjera y la iniciativa privada. Temen que las políticas de Evo los lleven a unos niveles de pobreza semejantes a los del resto de las provincias, donde las ideas de Morales se aplican en su totalidad.

Por otro lado, los gobernadores han percibido que en la retórica de su presidente ellos son los enemigos del pueblo. Hoy mismo, Evo Morales ha declarado que si los prefectos “dejan de atentar contra el patrimonio del pueblo, no hay por qué pensar en la ampliación del estado de sitio”. Éste es un lenguaje parecido al que utilizaron otros regímenes que intentaban avanzar hacia el socialismo identificando a los “elementos indeseables” que impedían el bienestar y la justicia para la mayoría de la gente.

Por otro lado, hoy también Evo ha señalado que los prefectos deben “devolver las instituciones al estado” en el sentido de que deberían declarar nulos los referendos en los que un promedio del 80 por ciento en todas las regiones ha elegido que sus departamentos asuman más competencias en materia económica para evitar las consecuencias de la gestión de Morales.

Por otro lado, no ha dudado en acusar a todos los que se le oponen de la muerte de de más de 10 personas y de la escalada de violencia que se ha desatado en Pando. A finales de mayo, fue el propio Gobierno de Evo quien contrató a profesionales castristas y chavistas para que “hicieran campaña por la abstención en las consultas” mientras los sindicatos cortaban las carreteras y muchos simpatizantes de Morales quemaban urnas y colegios electorales y acosaban a quienes se atrevían a ir a votar.