Los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas con gobiernos ´populares´ (Castilla y León, Canarias, Rioja, Murcia, Madrid y Valencia) han decidido, tras su reunión de este lunes, que pedirían al Gobierno que retire Educación para la Ciudadanía.

Polémica asignatura en España
O la asignatura tiene un contenido estrictamente educativo o las administraciones del PP intentarán que no se enseñe. Una fórmula sería apoyar a “los padres hayan ejercido el derecho de la objeción de conciencia” y otra acogerse a las sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, que ha rechazado los contenidos de la asignatura por considerarla una forma de adoctrinamiento.

Hasta ahora había división de criterios en el PP. Mientras Madrid y Murcia han presumido de reconocer el derecho a la objeción y han animado a las familias a hacerlo, Castilla y León no daba la opción de objetar y Comunidad Valenciana y La Rioja aceptaban las solicitudes, aunque con reparos.

“Todas las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular tenían claro que la asignatura era una forma de adoctrinar y que el derecho a educar en valores era fundamentalmente de los padres, porque así lo reconoce la Constitución. El núcleo de la discusión estaba en si podía o no impartirse con otros contenidos”, explica un miembro del PP.

Los contenidos por los que apostaban los dirigentes del PP eran los derechos y obligaciones que establece la Constitución, algo que sí podría enseñar el Estado sin interferir en las normas éticas y valores que enseñan las familias a sus hijos.

La polémica asignatura se generaliza este curso en la ESO y el Bachillerato de todas las comunidades, a la espera de que el Supremo resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.

Los Consejeros de Educación del principal partido de la oposición consideran “imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Supremo que unifique doctrina”. En este momento, las sentencias contradictorias de los tribunales de la Comunidades Autónomas permiten tanto dar la clase como facilitar su objeción.

Educación para la Ciudadanía es una de las puntas de lanza del proyecto político de José Luis Rodríguez Zapatero. Cientos de miles de familias consideran que la formación en valores debe recibirse fundamentalmente en el hogar y que lo que el Gobierno pretende es hacer que sus hijos sean más manipulables y que asuman los valores de Zapatero.