Informe de Coyuntura Política que se refiere a las recientes desprolijidades y errores en la gestión del Gobierno. A ello se suma la ausencia de un legado sustantivo y de un relato que dé coherencia y sentido a la administración.

El cierre del año 2024 e inicio de 2025 ha estado marcado por una serie de desprolijidades y severos errores en la gestión del Gobierno. La tesis del aprendizaje, reflejada en el concepto de “habitar el cargo”, acuñado por el Presidente en múltiples ocasiones, pierde toda validez a tres años del arribo de la actual administración al Palacio de La Moneda, además, con el problema de que los errores, lejos de disiparse, permanecen o incluso se acentúan.

Estos errores, de variada índole, están erosionando el prestigio de instituciones esenciales para la gobernanza del país. Es, por ejemplo, el caso de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), entidad fundamental en la elaboración, asignación y monitoreo del Presupuesto de la Nación. La labor de la DIPRES consiste en proyectar y racionalizar con rigurosidad técnica los ingresos fiscales. En nuestra historia reciente, las proyecciones de la DIPRES han sido un insumo clave para la estabilidad macroeconómica del país, permitiendo tanto al sector público como al privado, reducir márgenes de incertidumbre en lo que se refiere a las variables económicas que inciden en la dinámica de ingresos y gastos.

Los errores en las estimaciones de ingresos de la DIPRES se han convertido en la tónica durante esta administración. En la operación renta de 2024, los ingresos fiscales fueron un 10% menores a la estimación inicial. Una dinámica similar se observó con las proyecciones del precio del litio y la recaudación por impuesto al tabaco, lo que obligó a importantes reajustes de gastos e ingresos. Por último, en el contexto de la Ley de Cumplimiento Tributario de declaración de bienes o renta en el extranjero, la DIPRES estimó una recaudación de 591 mil millones de pesos, de los cuales solo se pudo recaudar un 15% de lo previsto.

A estos errores técnicos que afectan la estabilidad económica del país, se suman errores políticos que también lesionan el principio de apego y respeto a la ley. Un ejemplo es el escándalo relacionado con la compra de la residencia del ex Presidente Salvador Allende por parte del Estado, destinada a convertirse en un museo. La propiedad pertenece, entre otros, a la ministra de Defensa Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende. La Constitución es clara al prohibir, tanto a ministros como a parlamentarios, establecer contratos o negocios con el Estado. Pese a ello, el Ejecutivo impulsó la operación de compra/venta, culminando todo en la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional impulsado por partidos de la oposición para determinar la continuidad de ambas autoridades en sus cargos.

A este tipo de errores se suma la ausencia de un legado sustantivo y de un relato que dé coherencia y sentido a la gestión de este Gobierno. La administración del Presidente Boric comienza a enfrentar críticas por la falta de un legado claro a un año de terminar su mandato. (…)

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

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