Los conservadores de David Cameron lo tienen claro: Brown les dio a los unionistas unas competencias millonarias, entre las que se encontraba la recaudación por el consumo del agua, y estos le apoyaron en una ley que ampliaba de 28 a 42 los días que podía permanecer aislado un sospechoso de terrorismo.

Los unionistas le apoyaron por 1.900 millones de euros
Ayer, Brown rechazó las acusaciones por las que habría comprado votos para que, el miércoles pasado, la Cámara de los Comunes aprobase su nueva ley antiterrorista. El portavoz de Interior del Partido Conservador, David Davis, ha renunciado a su acta de diputado para poner de relieve el retroceso que supone la nueva regulación para las libertades.

Pero Davis no se quedará en la calle por mucho tiempo, porque pactó de antemano con los liberales-demócratas que éstos no presentarán un candidato contra él en las próximas elecciones parciales. La última vez, el ex portavoz obtuvo más de un 47 por ciento de los votos.

Por ese motivo, el que fue adversario de Cameron por la presidencia del Partido Conservador se ha encontrado con el rechazo de unos laboristas convencidos de que su acción ha sido meramente propagandística.

El líder conservador está en contra de la extensión de la detención preventiva. Pero mientras Davis aseguró el miércoles que si la medida entra en vigor, él la suprimiría, Cameron no se ha comprometido a hacerlo.

A Brown también le han acusado de conseguir el voto de rebeldes de la izquierda laborista a cambio de un acercamiento al régimen castrista e incluso a cambio de conservar sus propios cargos de libre designación.