Este debate es una batalla por el alma de la derecha. La izquierda, o lo que pasa por izquierda, no es relevante en este debate hoy. Tradicionalmente, lo que dijeran los sindicatos, la prensa neoyorquina y el Partido Demócrata era determinante. Ahora, ante la evidencia de que el rechazo de los hispanos al Partido Republicano amenaza su regreso a la Casa Blanca, hay una corriente conservadora minoritaria pero audaz que impulsa la reforma que legalizará a 11,5 millones de inmigrantes, en alianza de facto con Obama y los demócratas. El senador de origen cubano Marco Rubio es una de sus figuras clave. Pero la resistencia en el Congreso, los lobbies y la prensa por parte de muchos conservadores es enorme. Si la reforma se aprueba y la corriente favorable a la inmigración se impone, puede haber una verdadera revolución dentro del Partido Republicano. Pero ella podría provocar eventualmente una escisión.

El desconocimiento sobre el mundo de la frontera es asombroso. Para los políticos, think tanks y medios que llevan a cabo la pugna contra la reforma, la frontera de dos mil millas que comparten Estados Unidos y México es un estado fallido, poco menos que Somalia, donde hay que imponer fuerza bruta. Hice un largo recorrido de esa frontera en 2009, especialmente los desiertos de Chihuahua y Sonora, visitando puntos de ingreso clandestino a Estados Unidos (en un camino discreto que conecta a Altar, en el lado mexicano, con el Valle de Altar, en el lado estadounidense, un helicóptero del cartel de Beltrán Leyva, quien moriría poco después, se posó a pocos metros de mi auto en medio del desierto porque sus ocupantes creyeron, al verme desde el aire, que yo era de un cartel rival. Un cura que protege a inmigrantes y a quien los narcos respetan les comunicó por radio mi identidad y mi inocencia; me perdonaron la intrusión).

En esa frontera no encontré un Estado fallido, sino un mercado autorregulado de migrantes no violentos que van y vienen, a los que la persecución policial ha obligado a aguzar el ingenio y que nada tienen que ver con el narcotráfico. Son, en todo caso, víctimas de la interferencia del tráfico de drogas. La erección parcial de una valla (650 kilómetros), el uso de tecnología aérea y la presencia de 21.000 agentes fronterizos, así como las 400.000 deportaciones anuales, no han “resuelto” un problema sino creado otro: el de mafias que aprovechan la naturaleza clandestina del tránsito migratorio para tratar de controlar ciertas rutas porque saben que los migrantes necesitan operar en la oscuridad. Eso no había ocurrido nunca en ciento cincuenta años de tránsito en ambos sentidos en una frontera que después de la guerra México-americana de mediados del 19 fue bastante abierta durante décadas.

Los críticos conservadores de la inmigración tampoco entienden hasta qué punto los centros poblados cercanos a la frontera del lado estadounidense se ven afectados por la militarización del problema migratorio y su desplazamiento hacia las sombras de la ilegalidad. Es un absurdo que los detractores de la inmigración no presten atención al sentimiento de quienes viven en localidades fronterizas de Arizona, donde uno se encuentra a los temibles “Minutemen”, grupo de choque que caza inmigrantes cerca de los puntos de ingreso con anuencia del Estado y que toma su nombre de la milicia de la guerra de independencia.

Hay un océano entre la retórica y la realidad. Se habla insistentemente de reforzar la frontera como paso previo a la eventual legalización de indocumentados. Toda la primera parte de la kilométrica propuesta de ley aprobada en el Comité Judicial del Senado está dedicada a eso; la condición para el lentísimo proceso que permitiría a los indocumentados pasar más de una década con un estatus temporal antes de poder optar a la residencia es que la policía capture al 90 por ciento de quienes tratan de ingresar. Pero lo cierto es que se viene reforzando la frontera desde los años 80: la amnistía que concedió Reagan a los indocumentados venía acompañada de un reforzamiento del patrullaje, algo que aumentó mucho más con Clinton a partir de 1996 (el efecto indeseado fue que se interrumpió la costumbre de muchos migrantes estacionales de volver a México después de cumplidas sus tareas durante parte del año).

George W. Bush redobló ese patrullaje y firmó la ley que hizo posible construir el “muro” (más bien valla). Por su parte, Barack Obama gastó el año pasado unos 18 mil millones de dólares en aplicar la ley en materia de seguridad en la frontera. A pesar de ello, la “migra”, como se la conoce, no captura sino a una mitad de quienes tratan de ingresar. Desde 2009, a pesar del dramático descenso del número de extranjeros que se han colado ilegalmente en el país, han conseguido entrar clandestinamente unas 700.000 personas. Este divorcio entre la retórica de los conservadores que se oponen a la inmigración y la realidad está teniendo un alto costo sin resolver el “problema”.

En muchos sentidos la crítica a la inmigración es simplemente la racionalización de un sentimiento xenófobo. Esto lleva a muchos conservadores a caer en una contradicción fascinante. Ha sido muy comentado un informe de la Heritage Foundation, influyente think tank de la derecha cuyos aportes en muchos temas son rescatables, que calcula el costo fiscal de legalizar a los inmigrantes. Según Heritage, costarían 6,3 billones de dólares (trillones en inglés) a lo largo de los próximos 51 años, el promedio de tiempo de vida que les quedaría. Desde el inicio del estudio, se nota que los autores, Robert Rector y Jason Richwine, han adoptado la misma metodología que adopta la izquierda a la que tanto aborrecen cuando se opone a bajar impuestos. En ambos casos se da por sentado que el mercado es estático, es decir que no va a haber cambios en lo que sucede en el tiempo actual y que nada fuera del ámbito de impacto directo de la medida adoptada por el gobierno va a ser afectado en un sentido u otro.

Esto es absurdo, pues automáticamente pasarán muchas cosas cuando se legalice a los indocumentados: su aporte a la economía (calculado en 36 mil millones de dólares, si actualizo sus cifras, por George Borjas, prominente crítico de la inmigración en Harvard) se multiplicará por entre dos veces y tres veces: en sólo 10 años -para no hablar de 51- cabe esperar que representen un añadido al PBI de alrededor del billón de dólares (el Cato Institute habla de 1,5 billones y el Center for American Progress de algo menos de 900 mil millones). Por otro lado, la metodología es engañosa pues cuenta como hogares indocumentados a familias en las que hay al menos un ciudadano estadounidense, frecuentemente las cabezas, y olvida que más de la mitad de los niños inmigrantes que usan la escuela pública tienen padre o madre estadounidense.

Este estudio tremebundo contrasta con varios otros, como el que hizo n 2006 la oficina de presupuestos del Congreso, entidad respetada y alejada de ambos partidos, cuando se avizoraba la propuesta de reforma de Bush que a la postre abortó. Ellos hablaron de un aporte neto de 12 mil millones de dólares en una década (la diferencia entre lo que los inmigrantes legalizados costarían al fisco y lo que tributarían).

El estudio más importante, realizado en los años 90 por el National Research Council, concluyó que, los inmigrantes legalizados supondrían un costo único de 5 mil dólares netos por persona (el monto al valor presente del costo neto fiscal de todo el resto de sus vidas). Si ponemos esa cifra en la balanza frente a su contribución a la economía una vez legalizados (entre 1 y 1,5 billones en una sola década, o sea varios billones a lo largo de todo el resto de sus vidas), el beneficio para el país es muy superior al costo. Un costo, por lo demás, cuya responsabilidad es el aumento exponencial del gasto público: ¿Qué culpa tienen los inmigrantes de que el gasto del Estado intervencionista se haya multiplicado por 50 en el último siglo?

Otra forma en que la retórica insulta a la realidad es el desconocimiento sobre el patrón de asimilación o integración del inmigrante de hoy. En gran parte replica el que se dio con olas migratorias anteriores, incluidos los italianos, irlandeses, judíos y otros grupos. El proceso tarda tres generaciones, pero ya la segunda generación está bastante integrada y habla inglés mejor que la lengua materna. Un 17 por ciento de los italianos de segunda generación se casaban con personas que no eran de origen italiano, mientras que cerca de 20 por ciento de mexicanos lo hacen hoy. También como en el pasado, los inmigrantes de segunda generación tienen bastante más éxito económico que sus padres.

El multiculturalismo tiene gran responsabilidad en el rechazo que un sector del país siente por los inmigrantes. El multiculturalismo fue el más importante producto intelectual de la corriente que cuestionó el canon occidental tras la Segunda Guerra Mundial, en plena descolonización. Los académicos empezaron a “deconstruir” la cultura occidental para mostrar que detrás de sus valores había una explotación mediante el individualismo y el capitalismo. Hijo de este legado intelectual, el multiculturalismo desembocó en un colectivismo que consideraba a cualquier “minoría” sujeta de derechos especiales y en una actitud victimista que reclamaba, para compensar los daños de la cultura occidental (léase la raza blanca), una discriminación “positiva”. Las leyes que exigían usar el español en la literatura local o del Estado y en las urnas, el rediseño de distritos electorales basado en consideraciones étnicas y la legislación proteccionista en materias como el empleo contribuyó a provocar una resaca cuya manifestación extrema es la xenofobia.

Hay que ser razonablemente optimistas en que la reforma será aprobada en el pleno del Senado. Es una reforma que está algo lejos de la ideal porque establece cuotas para la inmigración futura y eso es algo que la experiencia ha demostrado que no funciona: la realidad es más impredecible y flexible que la previsión burocrática. También es peligroso el excesivo condicionamiento para la legalización. Pero es un paso adelante, indudablemente. El riesgo, ahora, es que la versión de la Cámara de Representantes sea todavía más restrictiva y que al negociarse la ley definitiva se acabe descafeinando la versión del Senado. Dependerá de quién gane la batalla por el alma de la derecha en ambas Cámaras. 

Publicado originalmente en La Tercera