La investigación de Bruselas se inició a raíz de varias quejas presentadas por AMD en 2000, 2003 y 2006

Por abuso de posición dominante

La Comisión Europea impuso al grupo informático estadounidense Intel una multa récord de 1.060 millones de euros, la mayor de la historia en la UE, por abusar de su posición dominante con el objetivo de tratar de expulsar a sus rivales, especialmente a AMD, del mercado de microprocesadores.

Para lograrlo, Intel recurrió a prácticas que Bruselas considera ilegales, como fuertes descuentos e incluso pagos a fabricantes de ordenadores como Acer, Dell, HP, Lenovo o NEC para que no utilizaran microprocesadores de AMD. La empresa estadounidense también pagó al distribuidor Media Markt para que vendiera sólo ordenadores equipados con microprocesadores Intel. El Ejecutivo comunitario exige el cese inmediato de estas prácticas.

La sanción de 1.060 millones de euros representa el 4,15% del volumen de negocios de Intel en 2008. Se trata por tanto de menos de la mitad del máximo que podía imponer el Ejecutivo comunitario, que es el 10% del volumen de negocios de la empresa multada. Para calcular el importe, Bruselas ha tenido en cuenta la gravedad de la infracción y su duración, entre 2002 y 2007.

Hasta ahora, la multa más alta que había impuesto la Comisión por abuso de posición dominante era la de Microsoft en 2004, que ascendió a 497 millones de euros. Posteriormente, el Ejecutivo comunitario impuso otras dos sanciones al gigante informático de 280,5 millones y de 899 millones por incumplir las medidas correctoras que había decretado.

“Intel ha perjudicado a millones de consumidores europeos al intentar deliberadamente excluir a sus rivales del mercado de los microprocesadores durante años. Una infracción tan grave y de tanta duración de las reglas antitrust de la UE es intolerable“, dijo la comisaria de competencia, Neelie Kroes.

La Comisión tiene pruebas de la existencia de las actuaciones consideradas ilegales, incluso aunque no figuran explícitamente en los contratos de Intel. Se trata de correos electrónicos obtenidos durante inspecciones por sorpresa, respuestas a peticiones formales de información y varias declaraciones oficiales realizadas ante el Ejecutivo comunitario por el resto de empresas afectadas. Bruselas considera también probado que el grupo informático trató de disimular las condiciones ligadas a sus pagos.