El Consejo de Ministros italiano declaró ayer el estado de emergencia en todo el territorio nacional para afrontar el flujo de inmigrantes llegados al país en los últimos meses, que el Gobierno califica de “excepcional”

Polémica decisión
El Gobierno informó en un comunicado que, “con el objetivo de potenciar las medidas para contrarrestar y gestionar el fenómeno de la inmigración ilegal”, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Interior Roberto Maroni, la extensión a todo el territorio de la declaración del estado de emergencia.

Maroni manifestó que la medida responde a la necesidad de combatir el fenómeno de la inmigración clandestina, “ya que en el primer semestre de 2008 se ha duplicado el número de llegadas con respecto al año anterior, 10.611 personas frente a las 5.378 del año anterior”.

Duras críticas de la oposición

La portavoz en el Senado del Partido Demócrata, Anna Finocchiaro, aseguró que este tipo de anuncio “sin explicar el por qué se adopta una medida, sirve sólo para alimentar el sentimiento de miedo de los ciudadanos italianos”.

El portavoz del PD en la Cámara de los Diputados, Gianclaudio Bressa, calificó la decisión de “abominable” y el vicepresidente de la Cámara Baja, el democristiano y antiguo aliado de Berlusconi, Rocco Buttiglione, la tachó de “inhumana”.

En esta misma línea, el gobernador de la región sureña de Puglia, el progresista Nichi Vendola, dijo que “nos estamos desplazando paso a paso fuera de la democracia, esta declaración del estado de emergencia es un pedazo de fascismo”.

Ante la situación creada, el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, pidió al Gobierno que antes del próximo martes explique su decisión.

Por otro lado, el responsable del departamento de las libertades civiles e inmigración, Mario Morcone, explicó que la declaración del “estado de emergencia” es un procedimiento que comenzó a utilizarse en marzo de 2002, repitiéndose anualmente hasta 2007.

Morcone precisó que en 2008, gracias a la mejora de las estructuras de acogida, se limitó la aplicación de la medida a las regiones sureñas de Calabria, Puglia y Sicilia, pero que el gran flujo migratorio de los últimos meses ha obligado a extender la medida a todo el territorio nuevamente. Asimismo señaló que actualmente en los centros de acogida italianos hay 7.359 ciudadanos extranjeros, que provienen de Somalia y de Eritrea.