La huelga de jueces ha tenido un escaso seguimiento. En punto de las diez de la mañana se realizaron concentraciones en pocos juzgados de trece provincias. La normalidad ha sido la tónica en Barcelona o Madrid donde altas instancias como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o los juzgados de Plaza de Castilla han mantenido su rutina.
Normalidad en Madrid y Barcelona
Un seguimiento desigual está teniendo la huelga de jueces convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En punto de las diez de la mañana, magistrados de Málaga, Valencia, Castellón, Las Palmas, Ibiza, Zamora, Toledo, Murcia, Albacete, Guadalajara, A Coruña, Ourense y Zaragoza se han concentrado a las afueras de algunos juzgados para protestar.
Fuentes de la
APM han asegurado que en varias capitales provinciales el paro es total, pese a no contar con el respaldo de otras tres asociaciones “Francisco Vitoria”, “Jueces para la Democracia” y “Foro Judicial Independiente”.
Por su parte, el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estimó en un
22,94 por ciento el seguimiento de la huelga de jueces y una veintena de junta de jueces pararon actividades. Según ese órgano, de los 4.543 jueces que ejercen en nuestro país faltaron a sus puestos de trabajo un total de
1.042.
En Madrid y Barcelona, sin embargo, la normalidad ha sido la constante. En la capital española, las altas instancias como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional se ha trabajado con normalidad. Lo mismo ha sucedido en los juzgados de Plaza de Castilla.
Esta es la segunda huelga de jueces después de la llevada a cabo en febrero pasado como reacción de los profesionales al expediente abierto por el Poder Judicial contra el juez Rafael Tirado, quien no logró encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz. Ahora, la APM justifica el paro por el incumplimiento del Gobierno en varios de sus compromisos adquiridos durante las negociaciones.
Operación cosmética
En declaraciones a una emisora de radio, el portavoz de la APM, Antonio García, ha reafirmado la importancia de la huelga “tocaba protestar por responsabilidad” y porque es necesario tener del Gobierno una solución definitiva que “meta a la Justicia en el terreno de la eficiencia”. Señaló “que la oferta ministerial que ha cerrado un proceso negociación y está plasmada en un documento de modernización y reforma, no colma de forma suficiente el conjunto reivindicativo” de las asociaciones de jueces.
García insistió en que desde la APM “no hemos querido participar en la puesta en escena de lo que nos parece una gran operación cosmética y convertirnos en cooperadores de la presentación pública de un producto que no va a servir para cambiar, por más que lo diga el ministro, la faz de la Justicia española”.
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