El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha resistido a utilizar los instrumentos del Estado para esclarecer la masacre terrorista. Por el contrario, la ha utilizado políticamente para demonizar al anterior Gobierno pasando de puntillas por sobre los alarmantes interrogantes que rodean al 11-M y negándose a impulsar una investigación seria y rigurosa.

Todavía se sigue sin saber quién, cómo y por qué se planearon los atentados

Dice un viejo aforismo político que si lo que se desea es enterrar la verdad, lo mejor es crear una comisión. Tal sentencia le cabe como un guante a la fallida Comisión del 11-M, cerrada con un carpetazo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se acerca a su texto final sin haber hallado a los culpables intelectuales de la masacre y sospechosa de haber urdido una oscura maniobra política que dejara las cosas como están, sin ahondar en la profundidad de la investigación.

 

Así se lo hizo saber el Partido Popular al PSOE al haber decidido dar carpetazo a la comisión de investigación cuando subsisten “interrogantes” abiertos, entre los figuran saber quién fue el autor intelectual de la masacre. Además asegura que a lo largo de este año de investigación parlamentaria “ha quedado acreditado que el Gobierno del PP no mintió ni ocultó” información, que los atentados pretendían “desalojar” a su partido del poder y que los socialistas instrumentalizaron “la mayor masacre de España con fines electorales”.

 

Pero PSOE tiene una visión muy diferente del tema. La tesis que defendió desde el primer día fue que el PP engañó a la opinión pública con fines electorales. A pesar de tener la obligación de investigar a fondo los hechos que provocaron la inesperada victoria electoral de Zapatero, el PSOE no manifestó en ningún momento aclarar los interrogantes que cargaba la investigación: quién, cómo y por qué se planearon los atentados.

 

Esto se lo hizo ver el PP en el informe de sus conclusiones donde le presentaba 63 preguntas que el Gobierno de Zapatero no se molestó en intentar responder. Parecía que se conformaba con saber lo que sabían ya todos los españoles: que los autores pertenecían a una trama islámica, sin aportar la menor prueba de la conexión entre los autores materiales de la masacre que se inmolaron en Leganés y las redes de Al Qaeda.

 

Para el periódico El Mundo, el único medio que aportó datos esenciales para esclarecer el atentado terrorista, “se puede afirmar de forma rotunda que la Comisión del 11-M se ha cerrado en falso y que dichos documentos adolecen de falta de consistencia”. Es evidente que esta afirmación refuerza la idea que no puede darse el carpetazo a una Comisión sin que todos los interrogantes queden despejados.

 

Pero el problema está, como puntualizaba un reciente editorial de ese periódico, que “la mayoría de los grupos parlamentarios están menos interesados en esclarecer la masacre que en imputar las responsabilidades al Gobierno del PP”.

 

Posturas y conclusiones

 

El PSOE mantiene en sus puntos finales que la autoría, como dijimos más arriba, recae sobre terroristas islamistas que no tienen ninguna conexión con ETA. Éste punto es controversial ya que no se ha investigado a fondo la conexión entre presos islamistas y de ETA.

 

La posibilidad de de que la banda asturiana que proveyó los explosivos a los islamistas haya colaborado en el pasado con ETA no se puede descartar, desde el momento en que hay indicios para creer que los etarras podrían haber explosionado en Santander dinamita comprada por Suárez Trashorras dos años antes del 11-M.

 

También mantiene el Gobierno la acusación de que el Gobierno de Aznar infravaloró las amenazas directas del terrorismo islámico contra España y que no actuó próvidamente. Sin presentar pruebas, el Gobierno del PP, según el PSOE, tergiversó y manipuló los datos porque “desde el primer momento la línea de investigación fue el terrorismo islámico”.

 

Así lo explicó en su momento el portavoz de los comisionados del PSOE, Álvaro Cuesta, quien detalló que su informe, de 700 páginas, está dividido en tres partes: En la primera se hace un análisis del terrorismo internacional y los antecedentes del 11-M, en la segunda se aborda la reacción de las instituciones, el Gobierno y los partidos políticos tras los atentados y la tercera incluye medidas de futuro, algunas de ellas ya acordadas con el resto de grupos el pasado mes de marzo, con especial atención a la situación de las víctimas.

 

Los socialistas constatan que antes de la masacre había “un riesgo y una amenaza directa contra España”, que podía convertirse en realidad y que se incrementó por la participación de España en la guerra de Irak, pero el Ejecutivo lo “infravaloró” y no actuó adecuadamente para hacerle frente porque su respuesta fue “insuficiente”.

 

Los grupos parlamentarios minoritarios también han ido en esa dirección señalando que “se dio una versión distorsionada de los hechos” (CIU), “presionó, desinformó y ocultó información” (IU) y el acabose de ERC, socio del Gobierno socialista, acusando al PP de haber deseado ese atentado para perpetuarse en el poder y diciendo que “mintió deliberadamente por temor a perder las elecciones”.

 

Los interrogantes sin resolver

 

El PP, por su parte, considera que el 11-M pretendía desalojar al Gobierno de Aznar del poder. Niega que se haya ocultado información y asegura que entre el 11 y el 14-M el PSOE montó una campaña de manipulación, utilizando la mayor masacre de la historia de España  con fines electorales.

 

Además, postula que la comisión se cierra dejando al menos 63 interrogantes abiertos. En su informe final, solamente en relación a la trama asturiana de los explosivos se presentan 14 preguntas claves sin resolver por la Comisión, mientras que 12 giran alrededor de la figura del dirigente socialista Fernando Huarte,  miembro del CNI y con contactos con ETA y con el lugarteniente de unos de terroristas, Abdelkrim Benesmail.

 

Luego pasa lista a los puntos oscuros que este Comisión deja sin aclarar: el montaje de las bombas con móviles, la circunstancias en que fue robada una furgoneta utilizada para cometer el atentado y todos los indicios que ¿inocentemente? se dejaron en ella, por qué no se tuvieron en cuenta las denuncias de Francisco Lavandera, Carlos Tejada y Rafa Zouhier, que hubieran permitido abortar el atentado, por qué Marruecos puso en libertad a uno de los autores de los atentados reconocidos por testigos presenciales, etc…

 

El PP también expresa en sus conclusiones de la comisión de investigación del 11-M su “perplejidad” por la labor de las Fuerzas de Seguridad en relación con la trama de explosivos que proporcionó la dinamita de los atentados y ve llamativo que, pese al “cúmulo de indicios”, no se hubiera podido “desbaratar” ese tráfico de explosivos. “Y es inevitable que se suscite la sospecha: ¿Se quiso deliberadamente no hacer nada?”, señala.

 

Abundando en este asunto, el PP admite que produce “perplejidad” constatar que, a pesar de la “abundancia de la información disponible, no se hubiera podido hacer nada para impedir la entrega de los explosivos”, dado que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras “eran personas bien conocidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil de Asturias”, e incluso posibles confidentes del Centro Nacional de Inteligencia. A su juicio, las Fuerzas de Seguridad sabían que estos individuos traficaban con dinamita o pretendían hacerlo “a gran escala”.

 

Para el PP es “sorprendente” que no se llevase a cabo un “control más riguroso de ´Mina Conchita´”, en la que había trabajado José Emilio Suárez Trashorras, o que en el Libro de Entradas y Salidas de Explosivos de esta mina las “cantidades de dinamita consumidas en las voladuras se reflejaban siempre en números redondos”. A su juicio, estos hechos revelan “lagunas muy serias” en la investigación. Por eso se pregunta “por qué no se empleó una mayor diligencia” y si “se quiso deliberadamente no hacer nada”.

 

Otra exigencia para no cerrar la Comisión la hizo recientemente el coordinador de los representantes del PP en la comisión de investigación sobre los atentados del 11M, Vicente Martínez-Pujalte, exigirá la comparecencia urgente en el Congreso del director general del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, por afirmar que la masacre podría haberse evitado si se hubiese utilizado bien la información. A su juicio, este tipo de declaraciones ponen de manifiesto que hay que la comisión de investigación debe continuar sus trabajos.

 

Difícil que haya un texto único

 

El duro enfrentamiento que ha mantenido el PP, y el resto de los partidos, por otro, durante los trece meses que duraron los trabajos de la comisión ha obligado a los partidos a buscar una alternativa de consenso entre todos los partidos que ataje el abismo que los separa de un texto único.

 

Respecto a la visión política del tema, el presidente de la Comisión, Paulino Rivero ha asumido que es casi imposible un acuerdo entre todos los sectores y deslizó la posibilidad de que el PP se niegue a respaldar las conclusiones que presenten el resto de grupos y emita un voto particular. Sin embargo, dijo tener sólidas esperanzas de que se pueda alcanzar un acuerdo entre todos los partidos respecto a un documento cuya base serían las 14 recomendaciones que todas las partes, con excepción del PP, aprobaron el pasado 8 de marzo.

 

También es verdad que el PSOE rebajó el nivel de la crítica hacia Aznar en el último tiempo y no quiso responsabilizar al anterior Ejecutivo de negligencia; al mismo tiempo, el CIU también podría apoyar al PP y emitir un voto particular junto a las recomendaciones políticas.

 

Tal es así que en este semana el PSOE y el PP han expresado al presidente de la comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo su disposición para intentar alcanzar un acuerdo parcial de las conclusiones limitado a una serie de propuestas de futuro para reforzar las medidas de seguridad en el país y mejorar el funcionamiento de estas comisiones parlamentarias, según indicó el propio Rivero tras mantener contactos con dirigentes de los dos grupos mayoritarios de la Cámara.

Las víctimas también se hacen oír

 

La organización minoritaria de las víctimas del 11 de marzo y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) reclamaron esta semana a través de un manifiesto que la comisión parlamentaria que investiga los atentados de Madrid no se cierre hasta que queden “definitivamente depuradas todas las responsabilidades que por acción u omisión puedan derivarse” del comportamiento de los representantes de las instituciones.

 

No fue un manifiesto consensuado, ya contó con la oposición de la asociación mayoritaria de las víctimas del 11-M, que preside Pilar Manjón, que declinó sumarse a esta demanda. En el texto Por una comisión de investigación del 11-M abierta , los representantes de estos colectivos demandaron que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para que ningún grupo terrorista pueda volver a “condicionar la normalidad democrática que tanto nos ha costado alcanzar”.

Aunque dijeron no cuestionar “la legitimidad de las elecciones del 14 de marzo de 2004” ni que entre sus intenciones esté la de inculpar a ningún partido, las organizaciones exigen saber cómo fue posible que se cometiera ese “brutal” atentado días antes de unos comicios generales.

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M (AV11-M) demanda saber “por qué” y “quién” perpetró los crímenes y exige que el Congreso proporcione información “completa y fidedigna” de uno de los sucesos más dramáticos de la historia de España.

 

La vicepresidenta de la AVT, Ana Carro, expresó el apoyo de esta asociación al manifiesto, ya que consideró que los trabajos no pueden finalizar “sin encontrar la verdad” y dijo que, a la vista de las informaciones que casi diariamente aparecen en los medios de comunicación, la investigación está “inconclusa”.