La evolución de la Unión Europea es contradictoria y poco coherente. Así lo demuestra un artículo de investigación del diario El País, en el que se aprecia que el Parlamento comunitario censuró en 2006 algo muy parecido a lo que aprobó el mes pasado: que los inmigrantes pudieran permanecer internados un máximo de 18 meses entre su detención y el momento de repatriarlos.

Se oponía a los 18 meses de internamiento
El Parlamento Europeo exigió a las autoridades de Malta en 2006 que redujeran el plazo de retención de los inmigrantes después de una visita de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Les pareció casi escandaloso que “en la práctica administrativa maltesa” se estableciera un período máximo de detención de 18 meses para los inmigrantes y de 12 meses para los solicitantes de asilo”.

Precisamente, durante el mes de junio se probó una directiva, denominada “directiva retorno”, que servirá para que los inmigrantes estén un máximo de 18 meses retenidos en el caso de que o no se les haya podido identificar o sus países de origen pongan trabas a su repatriación.

El Parlamento Europeo llegó a la conclusión de que era demasiado tiempo, porque los establecimientos malteses tenían “todas las características para ser definidos como una cárcel”. Las habitaciones y las camas se encontraban en un avanzado estado de abandono y suciedad.

La “directiva retorno” fue aprobada por un total de 369 diputados a favor y 197 en contra hace menos de un mes por el Parlamento Europeo. Además de los conservadores, los socialistas de algunos países especialmente afectados por la inmigración, como España, apoyaron las nuevas medidas.

Diez días después, ni el gobierno francés ni el español quisieron asumir las consecuencias de su decisión. El ministro de Inmigración e Identidad Nacional francés, Brice Hortefeux, afirmó que la duración máxima de las retenciones sería de 32 días y no de 18 meses y, ya que esto contradecía lo que afirmaba la directiva europea, declaró que había optado por aplicar la ley francesa de 1984 en vez de la nueva normativa comunitaria.

En España, el Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, aseguró que los requisitos que prescribe la directiva “están ya superados, mejorados y garantizados en nuestra legislación”. Poco tiempo después, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció que la directiva no se incluiría en el ordenamiento español.