Patricia Rojo, hija del presidente socialista del Senado Javier Rojo y resposable de Urbanismo en Estepona, está siendo investigada por la policía en la operación Astapa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad detuvieron ayer a 25 personas, entre ellas el también alcalde socialista de Estepona, por corrupción urbanística

En la localidad malagueña de Estepona
El caso de corrupción en Estepona ha salpicado directamente a las más altas instancias del Estado español, concretamente al presidente del Senado, el socialista Javier Rojo.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) investigan a Patricia Rojo, que llegó a Estepona en el año 2003 y desde enero de 2005 ejerce como asesora y coordinadora de Urbanismo en el Ayuntamiento de Estepona.

Otro de los nombres importantes llamados a declarar es el del presidente del Grupo Prasa, el empresario José Romero González. Según fuentes judiciales “la situación en la que queda, tras la declaración prestada, es de libertad, con una petición por parte del ministerio fiscal de fianza por importe de 300.000 euros, pendientes de depósito”. Prasa es un gigante de la construcción andaluza con fuertes inversiones e intereses en la Costa del Sol.

La supuesta corrupción en Estepona tiene ramificaciones en otras ciudades, ya que se han practicado registros en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. Además, se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, también se han cursado órdenes de bloquear cuentas corrientes y activos financieros de 78 personas.