El Tribunal Supremo ha anulado las listas electorales de Democracia 3 Millones (D3M) y Askatasuna por considerarlas sucesoras de la ilegalizada Batasuna. La decisión se ha adoptado por unanimidad y consigue que por primera vez no haya listas de la izquierda aberzale en unas elecciones vascas.

D3M y Askatasuna son ilegales
El debate de los magistrados que integran la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo comenzó ayer por la tarde, apenas tres horas después de las alegaciones presentadas por las plataformas radicales del entorno de ETA.

Los magistrados llevaban días estudiando las demandas presentadas por el Gobierno y la Fiscalía General del Estado contra estas plataformas. Finalmente, los jueces alcanzaron un acuerdo sobre las cuestiones generales al contar con una doctrina consolidada de otros procesos electorales.

Los jueces han examinado minuciosamente las pruebas aportadas por el Gobierno y la fiscalía contra D3M y Askatasuna. Los magistrados han considerado clavo que el 98 por ciento de los candidatos de D3M hayan tenido vínculos con la ilegalizada Batasuna. También han dado credibilidad a los documentos intervenidos a ETA en los que exigía a su brazo político mantener su presencia en las instituciones.

El caso de Askatasuna ha sido más complejo. Para los magistrados ha sido suficiente prueba que este partido haya estado dormido desde 1998 y que se haya reactivado ahora para presentarse a estos comicios. También han valorado que los dirigentes de esta fuerza no hayan respondido a las acusaciones de que son la cara de ETA. Asimismo, han tenido en cuenta que las maniobras de ETA para presentar una candidatura claramente ilegal, como es D3M, para distraer la atención de otra candidatura más silenciosa y larvada, como ya ocurriera hace cuatro años.

Los jueces han reiterado además su doctrina, aplicada contra ANV en el 2007, de que se pueden anular las listas electorales de un partido legal sin proceder a la ilegalización del mismo cuando se acredita que las candidaturas están contaminadas.

El Tribunal Constitucional da a partir de hoy un plazo de 48 horas al Gobierno, fiscal, y las plataformas para que presenten sus recursos. El miércoles comenzará a deliberar sobre el fallo que notificará antes del viernes.