La decisión llega con un año y medio de retraso. En esa fecha, convocatoria de comicios municipales, los proetarras de ANV se pudieron presentar a las elecciones ante la pasividad del gobierno socialista de Zapatero, pendiente de que sus negociaciones con ETA llegasen a buen puerto. Ahora, la Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca al estimar por unanimidad las demandas interpuestas contra esta formación por la Fiscalía

Aunque podrán seguir en los ayuntamientos
Según Francisco José Hernando, presidente del Supremo español, la declaración de ilegalidad de ANV, que tendrá como consecuencia la disolución de este partido, también “comporta la liquidación y la puesta a disposición del Tesoro, según prevé la Ley de Partidos, de todos los bienes y efectos que pertenezcan” a la formación abertzale.

El Tribunal Supremo ha notificado verbalmente su decisión esta mañana a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. La Sala del 61 volverá a reunirse el miércoles para comenzar a deliberar sobre las demandas de ilegalización que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) y, según las fuentes consultadas, podría anunciar el fallo el próximo viernes.

La Ley de Partidos establece que, tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución de una formación, “procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto”. Además, señala que “la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora” y que “el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario”.

El pasado 30 de enero el Gobierno presentó su demanda de ilegalización de ANV ante la existencia de “una relación de sucesión o continuación” de este partido con la ilegalizada Batasuna, el histórico partido político filoterrorista.

En su escrito, los servicios jurídicos del Estado consideraban que ANV, que concurrió a las pasadas elecciones municipales, formaba parte de la Izquierda Abertzale del complejo Batasuna y que era la “candidatura de ETA“.

Un día después la Fiscalía interpuso también una demanda de ilegalización de este partido, al considerar que se había producido una cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que la normativa electoral concedía a ANV.

No obstante, los políticos de ANV, que en algunas localidades vascas ostentan la alcaldía, pasaran a formar parte del Grupo Mixto donde retendrán sus actas municipales y podrán seguir gobernando libremente durante los próximos dos años. La salvedad es que las siglas de ANV desaparecerán del mapa político español.

Una decisión que llega tarde

La justicia y el gobierno español tuvieron una magnífica oportunidad de ilegalizar a este partido político perteneciente al entramado de ETA en la primavera de 2007, fecha de celebración de los comicios municipales.

Entonces, el presidente Zapatero trataba de agotar todas las vías de negociación con ETA para lograr la llamada “paz”. Por ese motivo, la ilegalización no se produjo a pesar de las demandas de la oposición y de las víctimas del terrorismo.

Ahora, que se ha vuelto a la mano dura con ETA, los poderes ejecutivo y judicial actúan como debieron hacer entonces. Los hechos han dado la razón a quienes se manifestaron por las calles de España para reclamar firmeza al PSOE, que hoy continúa en el gobierno después de haber revalidado mandato en marzo de 2008.

La lectura política que se puede extraer de este episodio es que, parece, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha abandonado todas sus ilusiones de tregua con ETA y que el estado de derecho español recupera el protagonismo que perdió durante la primera legislatura socialista.

En estos 18 meses, uno de los casos más sangrantes ha sido el de Inocencia Galparsoro, la alcaldesa de Mondragón que no condenó el atentado terrorista contra el ex concejal de su localidad, Isaías Carrasco, y que ingresó en prisión el pasado 30 de abril por colaboración con banda armada, desobediencia judicial y quebrantamiento de las medidas cautelares.