El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede suspender el procesamiento por genocidio del presidente sudanés por un plazo superior a un año. Aunque muchos creen que debe respetarse la autonomía de la Corte Penal Internacional, otros, como Libia, Rusia, China o Sudáfrica, creen que es demasiado peligroso para los cascos azules que siguen en la región.
Murieron más de 100.000 personas en Darfur
Sudáfrica y Libia trataron de introducir en el borrador un apartado que instara a la suspensión del procesamiento de la Corte Penal Internacional que ha solicitado el fiscal Moreno-Ocampo por el genocidio que las autoridades sudanesas permitieron presuntamente en Darfur, donde murieron más de 100.000 personas.
China, Rusia, Sudáfrica, Libia y Vietnam, aunque no son los que más soldados aportan a las misiones de Naciones Unidas, temen que la extradición del presidente Omar Al Bashir se traduzca en represalias contra las tropas de la ONU que se encuentran en la región.
“Lo que quieren muchos países es que no se siente el precedente de un presidente extranjero en ejercicio que pueda ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Esto podría ser peligroso para algunos de ellos”, afirma un analista a Diario Exterior.
El mandatario sudanés Omar Al Bashir cree que la Corte Penal Internacional no tiene competencia para procesarle, porque su país no ha firmado ningún tratado que lo reconozca. Sin embargo, hace menos de dos semanas quiso entregarles a dos presuntos autores de las matanzas de Darfur a cambio de que le garantizasen inmunidad.
Las milicias musulmanas janjawid, con la colaboración del Gobierno según Human Rigths Watch, fueron el grupo encargado de las mayores atrocidades. Según Moreno-Ocampo, Al Bashir habría ordenado o propiciado el asesinato de 35.000 personas y la muerte de otras 100.000, además de la huida de dos millones y medio de refugiados.
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