Las reacciones que se desencadenaron a partir del asesinato de la Sargento 2° Rita Olivares han sido, hasta el momento, la manifestación más patente de una realidad que se venía gestando desde hace meses en el país, que es la demanda por parte de la ciudadanía de mayor seguridad ante el surgimiento de una delincuencia más violenta y el avance del crimen organizado en todo el territorio. Frente a este escenario, gracias a la presión de la opinión pública, secundada por medios de comunicación que le otorgan cada día mayor protagonismo a esta crisis y una oposición que ha insistido en abordar este tema, se logró generar un punto de inflexión que, por un lado, llevó al oficialismo a su terreno más incómodo, obligándolos a dar señales de apoyo a las mismas policías que habían intentado refundar recientemente y, por otro lado, entregó a la oposición, que ya había perdido la confianza en el Gobierno a causa de los indultos, la oportunidad de impulsar una agenda de seguridad que se encontraba entrampada en el Congreso.

Dentro de los proyectos que lograron avanzar en las últimas semanas se encuentran: aquel que agrava la pena del delito de secuestro, aquel que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, aquel que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, aquel que busca modificar el Código Penal para sancionar el delito de sicariato y aquel que busca ampliar las facultades de control policial en materia de control migratorio. No obstante, fue el llamado proyecto “Naín-Retamal” el cual logró concitar mayor atención en la agenda pública. Este último, producto de la fusión de dos proyectos de ley separados que habían sido presentados durante el transcurso del año 2022, y que proponían tanto medidas para mejorar la protección de las policías, como otras que se
orientaban a establecer la legítima defensa privilegiada de éstas últimas.

Una de las razones de por qué esta iniciativa generó un alto grado de controversia, fue que su tramitación y discusión reveló, una vez más, los roces que existen entre las dos almas del Gobierno, además de dar nuevas muestras del recurrente complejo que las fuerzas del oficialismo, especialmente los sectores de Apruebo Dignidad, tienen respecto a todo aquello que tenga que ver con la seguridad y las policías.

En el marco la discusión legislativa, el Gobierno llamó a sus diputados a votar favorablemente este proyecto, lo cual, si bien fue acogido por los parlamentarios del Partido Socialista, no fue respetado por aquellos pertenecientes a las filas del Frente Amplio y el Partido Comunista. Sin embargo, el Ejecutivo, lejos de respaldar a quienes se habían comprometido con su voto, salió a criticar duramente al proyecto que ellos mismos habían llamado a apoyar, catalogándolo con el apelativo de “gatillo fácil”. Esto último fue visto como un guiño a los sectores más duros del oficialismo en desmedro de aquellos más moderados lo cual causó la molestia de varios representantes del Partido Socialista, quienes salieron públicamente a criticar al Gobierno y, en particular, a la ministra Carolina Tohá por sus contradicciones y falta de conducción política.

Esta situación de división se replicó en la discusión en el Senado, donde el proyecto, si bien fue finalmente aprobado tras un acuerdo con la oposición, contó con el rechazo de Fabiola Campillai (ind.), Juan Ignacio Latorre (RD), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Esteban Velásquez (FREVS). En otras palabras, la agenda de seguridad logró avanzar, pero lo hizo gracias a una coordinación entre el Ejecutivo y la oposición
y sin el respaldo completo de las propias fuerzas que componen el Gobierno. Más grave aún, luego de la aprobación del proyecto, un grupo de parlamentarios oficialistas anunciaron que lo llevarían al Tribunal Constitucional por considerar que algunos de sus artículos eran “contrarios a cualquier Estado de derecho”1. Situación que se vio frustrada por el aumento de la presión política causada tras el asesinato
del cabo Daniel Palma, quien falleció en medio de un operativo policial tras recibir dos disparos en la cabeza.

Pese a las innumerables alertas que existieron respecto al aumento de la delincuencia y el crimen organizado en el país y a la preocupación que esto provocaba en la ciudadanía, el gobierno ha sido incapaz de llevar adelante una agenda de seguridad propia que tuviese bajadas concretas para la ciudadanía, así como tampoco ha sido eficaz a la hora de darle continuidad a la agenda que heredó del Gobierno anterior.
Recordemos que la reforma a Carabineros impulsada durante el mandato del Presidente Sebastián Piñera, llevaba un 34% de avance al momento de asumir Gabriel Boric y fue desechada para partir de nuevo con otro diseño al cual, recién en marzo de este año, se le asignó un coordinador a cargo.

El evidente conflicto que tiene el oficialismo a la hora de producir un diagnóstico común sobre la materia, les ha costado a los chilenos un año en que los avances respecto a seguridad han sido escasos y que no han ido más allá de anuncios que, prácticamente, no llegan a ejecutarse. En este sentido, todo indica que el problema político pareciese ser más de fondo y tiene que ver más bien con el hecho de que esta nueva generación, que se enfrenta por primera vez a la administración del poder Ejecutivo, no ha logrado reconciliarse aún con un principio básico para la vida en sociedad que es el deber que tiene el Estado de hacer uso de la fuerza pública para establecer el orden.

La oposición, por su parte, habiendo logrado la presidencia del Senado y las presidencias de las comisiones de seguridad de ambas Cámaras, tiene una oportunidad única para poder acelerar aquellos proyectos que no habían podido avanzar por falta de voluntad política de parte de la izquierda. Entre estos últimos se
encuentran los proyectos de ley antiterrorista, de modernización del sistema de inteligencia del Estado, de usurpaciones y el Ministerio de Seguridad.

Sin perjuicio de este clima político favorable, que ha producido incluso que partidos como el PC adopten un tono más conservador en sus campañas de consejeros constitucionales, es necesario que todos los sectores actúen con responsabilidad en torno a este tema y, por lo tanto, se abstengan de entrar en una competencia por quién ofrece las medidas más fuertes o “creativas”. Por el contrario, si queremos dar un
salto cuantitativo que logre entregar mejores herramientas al Estado para combatir al crimen organizado y la delincuencia, debemos hacerlo con responsabilidad, en el marco del derecho, con una visión sistémica, con poderes autónomos y con pleno respeto a los DD.HH.

1 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/04/05/pc-acudira-al-tribunal-constitucional-poraprobacion-de-nain-retamal-nada-va-a-cambiar-con-esta-ley.shtm

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla

rubilla@lyd.org