Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron hoy las nuevas reglas comunes de expulsión de inmigrantes ilegales, en una iniciativa juzgada “equilibrada” por España pero que fue criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos

Penúltimo trámite antes de la aprobación
La llamada Directiva Retorno se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria de la UE que debería acentuarse durante la futura presidencia francesa del bloque, en el segundo semestre de 2008, con un “pacto europeo” impulsado por París.

El pacto tendrá como eje un contrato de integración que incluye el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a Europa, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales y una política común de asilo.

El texto establece un período de salida voluntaria de los inmigrantes indocumentados de siete a treinta días. También fija un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses para los indocumentados que no cooperan o cuando hay problemas para obtener la documentación de países terceros.

Duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por algunos partidos políticos por su carácter represivo, la nueva ley obliga a las autoridades nacionales de los países de la UE a elegir entre legalizar a los inmigrantes ilegales o expulsarlos.

Para lograr que la propuesta fuese aceptada por la mayoría de los grupos políticos del Europarlamento, los 27 tuvieron que zanjar el miércoles un último punto de conflicto: la obligatoriedad de brindar asistencia jurídica gratuita a las personas que serán expulsadas.

El Europarlamento había manifestado su oposición a la ausencia de esa asistencia jurídica gratuita, lo que obligó a reabrir el debate. Las partes acordaron incluir una base mínima de ayuda jurídica, aunque dejaron abierto el asunto a las particularidades de la legislación nacional de cada Estado miembro de la UE.

“Equilibrado, garantista y armónico”

Según la secretaria de Estado española, Rumí, el resultado de las negociaciones entre los 27 y el Europarlamento es “una directiva equilibrada, garantista y armónica, que pone unos mínimos donde no existían” en materia de asistencia jurídica.

Rumi también destacó que la iniciativa protege los derechos de los menores, un punto también subrayado por el comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot, durante el debate público celebrado en la reunión de ministros en Luxemburgo. “Queremos que todos los Estados miembros estén muy atentos a los derechos de los menores cuando apliquen la directiva”, indicó.

“Es una Directiva necesaria, que cumple el objetivo para el que hemos trabajado: hacer más eficaz la lucha contra la inmigración clandestina, al mismo tiempo que garantice los derechos de todas las personas”, dijo la secretaria de Estado española de Inmigración.

Tras la luz verde dada en Luxemburgo por los 27 miembros de la UE, la denominada Directiva Retorno deberá recibir el aval del Parlamento Europeo, que tratará la propuesta en su sesión del 16 al 19 de junio próximos en Estrasburgo.