El pleno del Parlamento Europeo ha condenado por unanimidad las inhabilitaciones de políticos venezolanos por parte del Gobierno de Hugo Chávez, así como la expulsión de varios miembros de Human Rights Watch y el asesinato de un líder estudiantil.

El Partido Popular Europeo presentó la moción
El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución mediante la cual se condenan por unanimidad las prácticas represivas de Chávez en Venezuela. La resolución se tomó en Estrasburgo, tras un debate de urgencia sobre Derechos Humanos en el que no participó ningún eurodiputado español. El texto, presentado conjuntamente por PPE, ALDE y UEN, salió adelante con 51 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

El eurodiputado del Grupo Popular Europeo (PPE) José Ribeiro e Castro abrió el debate y aseguró que los venezolanos viven desde hace años una “situación terrible” en la que “se violan los derechos fundamentales” de los ciudadanos. “Existen listas de persecución política siguiendo el modelo del totalitarismo”, denunció Ribeiro e Castro, quien calificó este hecho de “inaceptable”.

Además, criticó de igual manera la expulsión de “representantes de los Derechos Humanos” y exigió que “se aclare la verdad” sobre la muerte de Soto, “una víctima del clima de violencia que alimenta el partido en el poder”.

Por su parte, las eurodiputadas Ewa Tomaszewska (UEN) y Renate Weber (ALDE), autoras del texto, denunciaron la situación que se vive en Venezuela, especialmente en las últimas semanas. “Hay que exigir que se respete la libertad de expresión y de asociación en Venezuela” y que el país sudamericano “vuelva a la democracia”, pidieron.

La resolución recoge la preocupación por la lista presentada por el Controlador General de la República en la que se inhabilitan a casi tres centenares de políticos, en su mayoría de la oposición, a presentarse a las elecciones regionales y municipales de noviembre.

Así, el texto “exhorta” al Gobierno venezolano a dejar esa decisión en manos de la Justicia. Los eurodiputados también recordaron al Ejecutivo de Chávez que “debe cumplir los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Venezuela“, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También se incluye la “enérgica” condena por el asesinato del líder estudiantil del partido Copei, Julio Soto, el pasado 1 de octubre en Maracaibo, y exige a las autoridades venezolanas “cuantos esfuerzos sean necesarios” para esclarecer “a la mayor brevedad posible este crimen” y poner a sus responsables ante la justicia.

Finalmente, la resolución “rechaza tajantemente el acoso y la expulsión arbitraria” del director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y del subdirector, Daniel Wilkinson, “por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los diez años de mandato del presidente Hugo Chávez“.