A pesar de la crisis, la subida del paro y la inestabilidad económica que padece España, el nuevo secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, no contempla “una huelga general en el horizonte próximo”. “Prefiero no ir a la huelga porque quien pierde el salario son los trabajadores”, explica.

Zapatero nunca ha sufrido una
Preguntado por si España precisa de una nueva reforma laboral, el nuevo secretario general de Comisiones contesta que “radicalmente no” y dice que quienes lo están demandando lo que quieren es, “en clave oportunista”, aprovecharse de la crisis económica “para llevarse por delante derechos de los trabajadores”.

Toxo señala asimismo que lo que hay que hacer es darle una oportunidad a la reforma del mercado de trabajo que se hizo en 2006 y en la que debe profundizarse en todo lo relacionado con las contratas y subcontratas, un mundo “próximo a la precariedad laboral y a veces a la economía sumergida, que desprotege a los trabajadores en sus relaciones con las empresas”.

En declaraciones a Punto Radio, Toxo precisa que CCOO va a estar “muy visible” y al lado de la gente que tiene más dificultades en los actuales momentos de crisis económica. No obstante, el nuevo secretario del sindicato observa que una parte del trabajo sindical, como perfeccionar los sistemas de protección al desempleo, “no se ve”.

En su opinión, el diálogo social es la mejor manera de encarar las iniciativas que necesita la economía, algunas de reformas y otras de consolidación. “Y esto es mejor hacerlo desde el diálogo que desde la confrontación”, manifiesta Toxo.

Por otro lado, el nuevo líder de CCOO considera “ridícula” la propuesta del Gobierno de subir un 3,5 por ciento el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2009, desde los 600 euros actuales al mes a 621 euros.

El dirigente sindical asegura que ninguna empresa se vería abocada al cierre por subir el SMI en los términos demandados por los sindicatos (un 8 por ciento cada año hasta 2012), y explica que esta renta mínima es percibida por cerca de 400.000 personas, de las que prácticamente todas ellas carecen de convenio colectivo.