Las sanciones internacionales aún no consiguen afectar seriamente al clan Ortega-Murillo, que sigue perdiendo legitimidad, mientras ahoga cada expresión autónoma de la sociedad nicaragüense, advierte Günther Maihold.

Que Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, no es ninguna noticia nueva –pero es un drama el aumento de las acciones de represión diarias del Gobierno de Daniel Ortega, que ha alcanzado niveles nunca antes vistos y que a veces se pierde entre las noticias de otras crisis o guerras.

La última nota del desastre que se está dando en este país centroamericano es que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha cerrado su oficina en Managua por mandato de las autoridades nicaragüenses. Al mismo tiempo, el régimen, en la persona de Rosario Murrillo, tomó el control del Poder Judicial, desalojando de sus cargos a la presidenta y otros funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.

Seguidamente, se procedió a extender la desenfrenada persecución de sacerdotes de la Iglesia católica del país, encarcelando a más clérigos, además del ya preso obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión.

Anteriormente, el régimen había ordenado la disolución de la Compañía de Jesús en Nicaragua, además de expropiar todo su patrimonio, y había cerrado la Universidad Centroamericana, por considerarla un “centro del terrorismo”. Ni hablar del retiro de la ciudadanía a cientos de personas, entre ellos intelectuales y periodistas.

Contra todas las expresiones autónomas

La estrategia aplicada por el régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo está marcada por un esfuerzo por ahogar todas las expresiones autónomas de la sociedad nicaragüense. En total, más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, filantrópicas o de ayuda social han visto cancelada su personalidad jurídica o han sido presionadas para que “lo solicitaran voluntariamente”. Todo ello, siempre acompañado del “traspaso” al Estado de los bienes muebles e inmuebles de los mismos. Lo anterior también ha pasado con la principal asociación empresarial del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para celebrar la corona de la joven nicaragüense Sheynnis Palacios, quien hizo historia al convertirse en la primera Miss Universo de este país, inmediatamente, el Gobierno de Ortega activó tanto las prohibiciones de realizar cualquier tipo de manifestación en las calles, como las del aparato comunicativo para reportar esta alegría que, en palabras de Rosario Murillo, fue calificada como “golpismo destructivo”.

Al mismo tiempo, muchos ciudadanos le están dando la espalda al régimen: Nicaragua cerrará con 804.000 desplazados en 2023, lo cual equivale a un 11,34 por ciento de su población, que ha salido del país, buscando refugio en países vecinos, especialmente en Costa Rica, donde las condiciones de vida se están volviendo cada vez más difíciles para estos exiliados. Por otro lado, las remesas que mandan estas personas a sus familiares mantienen vivo al mismo régimen, porque garantizan un flujo continuo de divisas al país.

Sin embargo, queda en evidencia que en los círculos leales al régimen aumenta el nivel de inseguridad, ya que se les acusa de ser traicioneros y, por ende, se les despoja de sus puestos. Con su aparato de seguridad formal e informal, es especialmente Rosario Murillo la que ha generado una sensación de miedo y persecución en el mismo ámbito del poder; síntoma de ello es el hecho de que muchos trabajadores del Estado y sus familiares tienen prohibido salir del país o se encuentran bajo la aplicación de una política de permisos “selectivos” para moverse fuera de sus fronteras.

La capacidad de sobrevivencia del clan familiar Ortega-Murillo

La política sistemática de aplastar a la sociedad nicaragüense, una represión masiva a cualquier manifestación pública y las detenciones arbitrarias motivadas por rencores históricos y acusaciones de terrorismo son claros signos de que el régimen ya no es capaz de mantenerse con algún nivel de legitimidad, más allá del clientelismo para con sus seguidores duros del FSLN.

Hasta la fecha, las sanciones internacionales no han podido afectar seriamente el poder de disposición sobre los recursos económicos del clan Ortega-Murillo. Sus conexiones internacionales le han permitido mantener su alta influencia política para moldear la estructura del Estado a su antojo. Por un lado, se mantiene vigente la lealtad de los miembros del clan. Por el otro, prevalecen consideraciones cortoplacistas de utilidad en la reconfiguración de su membresía. A estas señales de debilidad habrá que dirigir las acciones internacionales para poder afectar con más contundencia la cohesión interna de esta estructura de poder.