El Gobierno y la Audiencia Nacional están enfrenados en una polémica por la decisión de traer a España a los dos piratas somalíes cómplices en el secuestro del “Alakrana”. La presidencia de la máxima instancia judicial aseguró que Garzón, quien abrió la causa judicial, desconocía que podían ser trasladados a Kenia. El Ministerio de Defensa comunicó que en virtud de acuerdos podían ser entregados a las autoridades de ese país. La decisión final fue de la vicepresidente De la Vega.
Pedraz dice que no
En un comunicado de cinco puntos, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha defendido a Baltasar Garzón, juez que abrió la causa judicial contra Cabdiwelly Cabdullahi, alias “Abdu Willy” y Raageggesey Hassan Ají, los dos piratas somalíes cómplices en el secuestro del buque “Alakrana”, detenidos por soldados españoles de la fragata “Canarias”. La libertad de esos dos delincuentes es una de las exigencias lanzadas por los piratas para liberar a los 36 tripulantes.
Juanes asegura que Garzón desconocía que “existiera intención” de trasladarlos a Kenia, por lo que procedió a legalizar su situación cuando fueron detenidos por personal de la fragata “Canarias”. La apertura del expediente judicial contra los dos piratas, afirma, “se realizó en el marco de la más estricta legalidad” y “en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado, sin actuar de oficio”.
Según informa el diario El Mundo, el 3 de octubre -día de la detención de los dos piratas tras ser interceptados cuando se dirigían a la costa de Somalia-, el Ministerio de Defensa intentó que fueran enviados a Kenia, país que tras consultas aceptó recibir a los detenidos. La Audiencia Nacional estuvo al tanto de los acontecimientos. El Gobierno, a través de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, contradijo a Defensa y ordenó a la Fiscalía presentar una denuncia que implicó el traslado a Madrid.
En su escrito, Ángel Juanes señala que “el juzgado y el juez de guardia desconocían que existiera intención de traslado de aquéllos a un tercer país, procediendo a legalizar la situación de las dos personas privadas de libertad tras el abordaje del esquife por la Armada española, una vez que se conoció la misma, y, ello previa petición del Ministerio Fiscal”.
La presidencia de la Audiencia Nacional, que emitió este comunicado “en relación con las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación respecto de la actuación procesal en el asunto del pesquero español `Alakrana´ del magistrado juez Baltasar Garzón”, añade que “ni el juez de guardia ni el juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les constó su detención”.
Pedraz dice no
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa contra los dos piratas, rechazó retirar la acusación por asociación ilícita que pesa contra “Abdu Willy”, tal y como solicitó su abogado. El magistrado argumenta que “los hechos objeto de imputación se fijarán en el momento procesal oportuno”.
El abogado, Francisco Javier Díaz Aparicio, solicitó al juez que retirara la imputación por ese delito para que su cliente se enfrente a penas que no superen los seis años de cárcel y, de esta forma, pueda ser expulsado de España en aplicación de la Ley de Extranjería.
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