El líder del PP, Mariano Rajoy, ha calificado de “poco oportunas e inapropiadas” las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la necesidad de preservar el pluralismo partidario, y considera que de ellas se desprende que “no quiere echar a ANV de los Ayuntamientos”.

El Jefe de la oposición española es contundente
Zapatero pedía el pasado miércoles prudencia a la hora de aplicar “el bisturí” para evitar que los partidos cooperen con el terrorismo, a fin de extirpar “las células cancerígenas que se aprovechan de la vitalidad del cuerpo”, pero sin “rozar el corazón del pluralismo”.

Rajoy, que participa en Bruselas en la reunión del Partido Popular Europeo, deduce de estas declaraciones que el Gobierno no quiere desalojar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) de los Ayuntamientos, a pesar de que el PP le ha dado “una fórmula muy buena” para disolver ahora las corporaciones locales y convocar elecciones municipales coincidiendo con las autonómicas vascas.

“Es algo que está previsto en la ley, es algo que se puede hacer, es algo que quiere la mayoría y es algo justo: los representantes de unos terroristas no pueden estar en las instituciones”, manifiesta.

Rajoy recuerda que su partido decidió apoyar al Gobierno de Zapatero porque éste cambió su política antiterrorista de los últimos cuatro años. Según apunta, hoy ya no se negocia con ETA, como pidió el PP; ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) están ilegalizados, “aunque el Gobierno decía que no se podía”; y ahora las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están actuando con mucha contundencia, como reclamaban los populares.

A su juicio, aunque el Ejecutivo mantengan que no se puede echar a ANV de los Ayuntamientos, “se puede cambiar ese criterio igual que se cambiaron también todos los anteriores y fue bueno en la lucha contra ETA“.

El proceso de ilegalización

La Abogacía del Estado se ha opuesto a que el Tribunal Constitucional suspenda la ejecución de la sentencia de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) dictada por el Tribunal Supremo mientras se resuelve el recurso de amparo presentado por este partido.

En sus alegaciones a la petición de ANV de que la ilegalización quede en suspenso, con lo que podría concurrir a las elecciones que se convocaran mientras se resuelve su recurso, los servicios jurídicos del Estado afirman que si se concede la suspensión y luego se confirma la ilegalización “el daño a los intereses generales y a los derechos y libertades de terceros serían evidentes”.

“La suspensión permitiría que el partido siguiera ejerciendo su labor de fomento de la violencia y apoyo y justificación política de un grupo terrorista que ha matado hasta ahora a casi novecientas personas y que sigue haciéndolo cada día y lográndolo en ocasiones, como acaba de suceder con el infortunado Ignacio Uría“, señala el escrito.