Cuando de silenciar a los periodistas incómodos se trata, en el continente americano todos tienen polvo bajo la alfombra, desde Alaska hasta la Patagonia. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en las conclusiones de su reciente Asamblea General, apuntó que en los primeros seis meses de 2014 se han incrementado los ataques físicos contra profesionales del sector, así como la censura directa e indirecta.
 

La profesión “más bella del mundo”, como la calificó García Márquez, se antoja también de las más peligrosas en América Latina, según los datos que aporta el informe: la violencia consumada por el crimen organizado, sicarios del narcotráfico y grupos parapoliciales a las órdenes de varios gobiernos de la región dejaron un saldo de 11 periodistas asesinados: tres en Honduras, tres en Paraguay, dos en México, uno en El Salvador, uno en Colombia y uno en Perú Ultimados en plena calle, en la redacción o en la propia casa, poco pueden hacer los reporteros ante la incapacidad —cuando no indiferencia cómplice— del Estado para brindarles una protección efectiva.
 

Los números de la entidad no están disociados de la estadística más amplia que lleva la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), y que ilustra la tendencia de algunos países a despuntar en este lamentable aspecto. De 2000 a octubre de este año se han reportado 202 asesinatos de periodistas, blogueros, comunicadores sociales y colaboradores de los medios de comunicación en México (81), Colombia (56), Brasil (38) y Honduras (27, la mayoría de ellos tras el golpe de Estado de 2009).
 

En Cuba sigue silenciado cualquier intento de periodismo no oficial
 

Por otra parte, la SIP añade que periodistas de casi todos los países de la región han sufrido agresiones durante la cobertura de sucesos noticiosos, y cita “particularmente” a Venezuela, donde los disturbios de meses atrás se saldaron con varios reporteros heridos a manos de las fuerzas policiales y de grupos afines al gobierno. Pero también menciona a EE.UU., donde las protestas a raíz de la muerte de un joven negro en Missouri desencadenaron una reacción de las fuerzas del orden que no distinguió entre manifestantes violentos y periodistas que solo hacían su trabajo.
 

Más light si se quiere, pero igual de eficaz es el modo que otros eligen para dejar fuera de juego a las voces disonantes. Al referirse al estado de la libertad de prensa en Cuba, la SIP señala que los medios oficiales continúan ocultando lo que sucede en el país y tergiversando algunos de los sucesos del ámbito internacional, cuando rozan siquiera con un pétalo a aliados de La Habana.

Así, quien ojee la prensa cubana y solo se informe a través de ella, no se ha enterado de que Rusia, al fagocitar parte del territorio de un país vecino, ha actuado contra el derecho internacional; ni de que el régimen de Al Assad ha utilizado armas químicas contra su propio pueblo, y cree además que el caso de Cataluña es idéntico al de Escocia y al de las excolonias americanas que lucharon por la emancipación en el siglo XIX.
 

En cuanto al periodismo no oficialista, los métodos para silenciarlo no son la desaparición o la muerte del reportero, pero el gobierno no se cruza de brazos. La SIP informa sobre el encarcelamiento de cuatro reporteros cubanos en el primer semestre de 2014, así como de casos de intimidación contra varios de ellos, incluidas agresiones y amenazas en plena calle, y del bloqueo intermitente que sufre el diario digital “14ymedio”, creado por la disidente Yoani Sánchez.
 

En Venezuela y Ecuador el poder se empeña en controlar las críticas, con organismos reguladores y sanciones a los medios
 

La postura oficial viene con justificación incluida en el paquete: no se trata de periodistas —la mayoría no lo son de academia y su trabajo exhibe notables carencias en ese sentido—, ni son realmente “independientes”, sinomercenarios al servicio de EE.UU., a cuya sede diplomática acuden en busca de medios de subsistencia, formación y conexión a la red. Luego, si a los efectos gubernamentales no son aquello que dicen ser, pues “no hay periodistas presos; fin del asunto”.
 

Tampoco en Ecuador hay demasiada tolerancia con quienes ejercen el periodismo sin tener un título profesional, y hacerlo se considera, no ya una falta, sino un delito en toda regla contra la fe pública, según constata la SIP. En un contexto informativo más restrictivo, a raíz de la aplicación de la Ley de Comunicación de 2013, se ha evidenciado una reducción significativa del periodismo de investigación y un alto nivel de autocensura.
 

No solo han aumentado los reclamos de la ciudadanía a la prensa por detalles mínimos en las noticias –el gobierno patrocina una campaña titulada “La ciudadanía les habla a los medios”, en la que las personas pueden criticar a periodistas y órganos periodísticos–, sino que, declarada legalmente la comunicación un servicio público, se han puesto en funcionamiento dos entes reguladores estatales con 300 funcionarios que lo monitorean todo para detectar noticias y anuncios publicitarios de presunto contenido violento o discriminatorio, y que emiten advertencias a quienes se pasen de la raya.
 

Hasta el 31 de agosto había abiertos 125 procesos contra presuntos infractores, 25 sanciones contra medios, cuatro de ellos clausurados, otros cuatro bajo denuncia por no haber cubierto “apropiadamente” la visita del presidente Rafael Correa a Chile, y un caricaturista sancionado.
 

En EE.UU. se ha prohibido a los empleados de la Inteligencia Nacional que hablen con los medios de comunicación sobre cualquier tema relacionado con su trabajo
 

En el caso de un cercano aliado, como Venezuela, la receta escogida por el gobierno de inspiración chavista es la de bloquear en Internet las webs de los medios que considera hostiles —le sucedió en septiembre al canal NTN24— y negar a los medios impresos las divisas para que compren los insumos necesarios, debido a lo cual más de 30 periódicos están afectados por la falta de papel y otros 12 ya dejaron de publicarse.
 

Además, la mano de Caracas está presuntamente detrás de la oscura adquisición de un diario tan importante como El Universal, que de la noche a la mañana modificó su línea editorial y despidió a plumas críticas con las decisiones del ejecutivo de Nicolás Maduro.

En su estrategia de quitar espacio en los medios a la oposición, el gobierno venezolano ha conformado una red estatal de cuatro diarios, 14 canales de televisión y decenas de radioemisoras. Según datos de una investigación de la Universidad Católica Andrés Bello, citados por El País, Caracas inyectará unos 400 millones de euros a este conglomerado durante 2015, a pesar de la evidente tensión de las finanzas públicas venezolanas.

La visión martiana de la prensa como un jinete “con la fusta en la mano y la espuela en el tacón”, definitivamente no va con el heredero de Chávez.
 

En EE.UU., entretanto, la libertad de información no pasa por sus mejores momentos. Para la SIP, las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden, sobre los amplios programas de vigilancia del gobierno, están haciendo más arduo el trabajo a los periodistas, cuyas fuentes se han vuelto más remisas a hablar sobre asuntos que podrían concitar el interés público.
 

Como consecuencia del batacazo de Snowden, el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, emitió en marzo una directiva en la que prohibía a sus empleados discutir con los medios de comunicación cualquier tema relacionado con la inteligencia, aunque fuera información no clasificada, una política que ha recibido críticas porque no distingue entre lo sensible y lo que es de dominio público.
 

Según parece, la Casa Blanca no quiere una segunda parte de la misma película: que se airee que EE.UU. espía por igual a sus colaboradores más estrechos y a sus más rancios enemigos. Con el escaso filón que va quedando, los periodistas tratan de armar sus informaciones con poco más que las declaraciones oficiales.
 

Habría, además, cierta sensación de que, bajo el pretexto de preservar la seguridad nacional, Washington está yendo con todo contra quienes se salten la valla. En junio, la Corte Suprema rechazó la apelación de James Risen, reportero del New York Times, que se negó a revelar la identidad de una de sus fuentes en un juicio sobre fuga de información. Risen debía confirmar que un exagente de la CIA era el origen de los datos que él había recogido en un libro sobre la era Bush, pero se negó a hacerlo, por lo que pende sobre él la amenaza de la prisión o de una fuerte multa.
 

Dos o tres décadas atrás, la Primera Enmienda habría sido su refugio seguro. Hoy, con tanta obsesión por la vigilancia, el mensaje es más de “no te metas donde no te llaman”. Todo un aviso a navegantes.