Repsol YPF ha retirado tres de las cuatro demandas que había interpuesto ante el Banco Mundial contra el Gobierno de Ecuador. La cuarta demanda exige que los impuestos sobre sus beneficios extraordinarios no pasen del 50% al 99% como prevé la nueva legislación de Rafael Correa.

La petrolera tuvo que ceder
Parece haber un principio de acuerdo entre la petrolera y el Gobierno ecuatoriano. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, no tendrá que atender más que una demanda de las cuatro que había presentado Repsol YPF.

El ministro ecuatoriano de Petróleos, Galo Chiriboga, ha subrayado que la retirada de las demandas está estrechamente relacionada con el acuerdo al que han llegado las partes para “arreglar a sus diferencias”.

Repsol YPF no dejará de reclamar la bajada de las tarifas aplicadas al transporte por el oleoducto ecuatoriano, que han sido incrementadas sustancialmente por el Gobierno en los últimos meses. Por otro lado, ha aceptado entregar a las provincias amazónicas donde desarrolla su actividad una parte de sus fondos.

Sin embargo, donde la petrolera española no piensa ceder es frente a la imposición por parte del Gobierno ecuatoriano de unos tributos confiscatorios sobre sus beneficios extraordinarios. Ahora, según Quito, estaría obligada a pagar el 99% frente al 50%, que era lo que le exigían hace menos de un año.

Repsol YPF deberá cambiar, si quiere continuar explotando con normalidad los pozos de Ecuador, el modelo de los contratos de participación por convenios de servicios, y además, tendrá que devolver durante el cuarto trimestre 936.000 barriles de crudo, cuyo precio podría rondar los 68 millones de euros.

La multinacional española es la operadora del bloque 16 de Ecuador, cuya producción supera los 50.000 barriles diarios. Desde hace pocos meses, ya no posee estaciones de servicio en el país, porque se las vendió a multinacional peruano-chilena Primax.