El presidente de Rumania, Traian Basescu, trasladó ayer al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, su desacuerdo con la mayoría de las medidas de seguridad que ha tomado su gobierno contra los rumanos de etnia gitana

Reunión entre Basescu y Berlusconi
“El gobierno rumano no aprueba gran parte de las medidas tomadas por Italia“, recalcó Basescu en una rueda de prensa conjunta ofrecida con Berlusconi tras su reunión.

Berlusconi había justificado la decisión de tomar las huellas digitales de los menores gitanos asegurando que no era “una medida restrictiva”, sino que con ella, “sólo se quiere garantizar a estos niños que puedan ir al colegio”.

Basescu pidió ayer al gobierno italiano que, en todo caso, las huellas digitales a menores “sean tomadas en presencia de los padres o de un juez, y sólo cuando no exista un documento de identidad del menor”.

No obstante, el primer ministro rumano trató de rebajar las tensiones entre ambos países e insistió en que “en Italia no existe un comportamiento negativo contra la comunidad rumana”.

“Somos europeos”

Según precisó Basescu, en Italia “se ha aplicado medidas de seguridad para proteger a sus ciudadanos. Medidas contra aquellas personas que no tienen documentos de identidad y no contra los rumanos”.

Basescu subrayó que “los gitanos son ciudadanos rumanos y los rumanos son ciudadanos europeos, por lo que así tienen que ser tratados”.

El mandatario rumano reconoció que en Rumania existe un problema respecto a la minoría gitana, “que no han sido capaces de resolver”, y propuso al gobierno italiano colaborar para afrontar esta situación. Dicha colaboración podría concretarse durante la próxima cumbre bilateral, prevista para el próximo 9 de octubre.

En la rueda de prensa conjunta, Berlusconi afirmó que en Europa ha existido un problema de “desinformación absoluta” sobre las medidas adoptadas por su gobierno, “pues la identificación con huellas digitales es una práctica que se hace en muchos países europeos”.

En ese sentido, anunció que la toma de huellas digitales se extenderá a todos los ciudadanos extranjeros que lleguen al país y también a los italianos. El Parlamento Europeo ya rechazó esas medidas del gobierno italiano y consideró que la toma de huellas dactilares constituye un acto de discriminación étnica.