El Consejo de Seguridad -actuando bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas- aprobó la creación del mencionado tribunal el 22 de noviembre de 2006, por Resolución 1595. El mismo quedó conformado recién en el 2007 y comenzó a trabajar en el 2009.

 

Hariri, un empresario multimillonario del sector de la construcción, había sido primer ministro de su país en dos oportunidades: de 1992 a 1998 y del 2000 al 2004. Las sombras de Irán y de Siria estuvieron, desde el primer momento, flotando sobre la autoría del atentado. Por supuesto, ambos gobiernos desmintieron terminantemente las acusaciones. Particularmente el sirio, desde que las sospechas se acumularon enseguida sobre quien había sido el Jefe de los Servicios Secretos en el Líbano, Ghazi Kanaan, quien se suicidó pocos días después de publicado el informe de la investigación realizada por Naciones Unidas sobre el episodio, implicando a autoridades del gobierno sirio.

 

La labor del tribunal ha sido, desde su inicio, perturbada por manos ocultas que procuran que no pueda terminar su labor, y mucho menos, asignar las responsabilidades que correspondan por el atentado terrorista.

 

La última maniobra perturbadora ha sido audaz y dura para el tribunal y sumamente dañina respecto de sus posibilidades de éxito. El diario shiita libanés “Al Akhbar” (cercano al movimiento Hezbollah, endosado entonces directamente por Irán) acaba de publicar la lista de diecisiete testigos que serán convocados a prestar declaración. Era una lista que debía mantenerse absolutamente confidencial conforme a las reglas del tribunal. Ahora quienes la integran estarán expuestos a la intimidación y a la violencia. Con sus vidas en riesgo. La publicación incluyó sus fotos, pasaportes, fechas de nacimiento y hasta las direcciones de los lugares en los que trabajan. Para hacer las cosas más dramáticas, el diario publicó, además, otra lista de aquellos que podrían en el futuro ser también citados a declarar por el tribunal.

 

Entre los inicialmente acusados por el asesinato hay, recordemos, cuatro importantes miembros de Hezbollah. Las constancias telefónicas los incriminan. Pero lo cierto es que no se sabe donde están. Hezbollah, como siempre, sostiene que nada tuvo que ver con lo sucedido a Hariri. Recordemos que el movimiento Hezbollah es hoy parte de la coalición que gobierna al Líbano y que cuenta con una poderosa milicia, armada por Siria e Irán.

 

Los tribunales internacionales tienen sus propios programas para proteger la identidad de los testigos que convocan. Su efectividad depende, naturalmente, de lo que hagan los países en los que ellos residen. El Líbano, por su actual fragilidad, no parecería capaz de garantizar esa protección, por esto lo peligroso de las filtraciones en cuestión.

 

Algunos tribunales internacionales han sancionado a periodistas -y hasta a abogados- por hacer pública información referida a testigos catalogada como confidencial. Hay quienes han tenido que pagar multas y otros que, por sus conductas, han tenido que visitar brevemente la prisión. Ocurre que hay mucho en juego respecto de las posibilidades de descubrir la verdad en cada uno de estos procesos.

 

Queda visto cuan peligrosa y hasta vulnerable puede ser la labor judicial cuando se está en presencia de Hezbollah, o de los Estados que lo apoyan, esto es de Irán y/o Siria.

 

Por ello, riesgos como el descripto deberán ser anticipados y tomados en cuenta cuando -como consecuencia del lamentable Memorando de Entendimiento suscripto por la Argentina con Irán por el tema de la AMIA- nuestros magistrados puedan eventualmente tener que actuar en Teherán. Pies de plomo, entonces. Todo será patológico.