El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que ejercite todas las acciones legales contempladas en la Ley de Partidos para impedir que el partido Askatasuna y la plataforma Demokrazia 3 Milioi (D3M) concurran a las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo por considerarlas formaciones de la izquierda abertzale.

El Estado usará toda la fuerza de la ley
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad del Estado han encontrado “vinculaciones” entre estas dos formaciones y la ilegalizada Batasuna o sus sucesoras, ya ilegalizadas por la Justicia.

De la Vega expuso que el Ejecutivo, a raíz de las resoluciones judiciales dictadas por distintos juzgados de la Audiencia Nacional, ha encargado informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de “determinar la posible vinculación de determinadas fuerzas políticas con organizaciones ya ilegalizadas”.

De estos documentos, según explica, se desprende que tanto Batasuna como D3M son organizaciones vinculadas a la izquierda abertzale y sucesoras de Batasuna, por lo que el Gobierno ha autorizado al Abogado del Estado a “ejercitar todas las acciones legales previstas en la ley para evitar que ninguna formación política o candidatura electoral sucesora o continuadora de las ya ilegalizadas pueda concurrir a las elecciones”.

“El Gobierno siempre está decidido a cumplir y hacer cumplir la Ley para evitar el fraude que algunos pretenden”, agrega la vicepresidenta.

Al ser preguntada por las vinculaciones concretas de D2M y Askatasuna con las formaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale, responde que estas están en el contenido del informe realizado por Policía y Guardia Civil, que se ha puesto a disposición judicial, y que incluye actuaciones y contactos.

Además, defiende los informes al destacar que ha habido una “actuación minuciosa destinada a establecer esa vinculación siguiendo los criterios que ha marcado la jurisprudencia”. Sobre este último, recuerda la sentencia emitida esta misma semana en la que se ratifica la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y precisa que en ella se recogen los requisitos necesarios para proceder a la ilegalización de un partido.