La tierna democracia peruana ha sufrido una fuerte sacudida tras revelarse que un operador de Vladimiro Montesinos, el monje negro de la dictadura, estaba recibiendo protección oficial propia de un jefe de Estado, incluidas decenas de efectivos de distintas unidades.

 El hilo de la madeja sólo ha empezado a correr, pero se sabe que participaron en este tinglado policías y militares de alto nivel, y que al menos un coronel del Ejército que es primo de este personaje, fue colocado en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas bajo recomendación de asesores del presidente.

Tras la presión de la prensa y la oposición, han rodado algunas cabezas, incluyendo la del ministro del Interior, un grupo de oficiales de la policía y el principal asesor de Humala, mientras que el primo del ex operador de Montesinos ha sido relevado de su cargo en el Comando Conjunto. Pero el gobierno, empezando por el presidente, ha defendido a las personas a las que defenestró y ha echado la culpa al gobierno que cayó hace 13 años, sin asumir la responsabilidad. La prensa oficialista ha hecho lo propio, más preocupada por convencer a la opinión pública de que el régimen autoritario de los años 90 era corrupto -algo que el país difícilmente ignora pues están presos sus capitostes- en lugar de exigir el fin de estas prácticas.

El resultado, desde luego, es muy malo no sólo para el gobierno sino para el conjunto del país y deja en posición incómoda al nuevo primer ministro, César Villanueva: aceptó heredar un gabinete desgastado sin exigir cambios y ahora tiene la misión de restablecer la confianza con los mismos ministros bajo los cuales se produjeron los hechos mencionados.

Todo esto es resultado de un modus operandi informal, en el que el presidente, su esposa y un pequeño grupo de asesores que estaban en contacto con funcionarios de distintos ministerios y controlaban los nombramientos en las Fuerzas Armadas actuaron sin entender los riesgos de que proliferaran ciertas prácticas que parecían desterradas. Esta suerte de “gobierno paralelo”, como ha dado en llamarse, ha impedido que los ministros tuvieran plena responsabilidad de lo que ocurría en sus carteras y que los asesores pudieran ser sometidos a una vigilancia por parte de las instituciones de control. Aunque comparar esto con lo ocurrido en los años 90 sería una caricatura, lo cierto es que ha dañado a las instituciones, de por sí frágiles, y empeorado el desprestigio, ya considerable, de la “clase política”.

Lo aleccionador en todo esto ha sido comprender lo lejos que todavía está el país de la modernidad plena y lo mucho que queda por recorrer. El prestigio que ha alcanzado, con mucha justicia, Perú en otros órdenes -y crecientemente el económico- ha hecho perder de vista, en años recientes, el pecado original que todavía gravita sobre el proceso de desarrollo. Me refiero a la ausencia de instituciones solventes, algo que todo gobierno, especialmente uno como este, nacido del rechazo a los años 90, debería tener muy presente.

El asunto es tanto más delicado cuanto que la economía, como en otras partes de América Latina, ha sufrido una desaceleración que ya se nota. Este mes, después de mucho tiempo, se registró, en términos anualizados, una caída de la construcción (-1.34%). Hasta ahora el impacto de la desaceleración se sentía en el sector interno; la demanda interna empieza a resentirse también.

Está por verse si, después del “shock” experimentado por las autoridades tras la revelación de la prensa, ellas han aprendido la lección.

Artículo publicado originalmente en La Tercera