Informe de Coyuntura Política que aborda las secuelas políticas de la destitución de Isabel Allende. También da cuenta de un cambio en las prioridades ciudadanas.

Nadie está por sobre la Constitución y las leyes. El Tribunal Constitucional dictaminó, por un fallo de 8 contra 2, el cese en sus funciones de la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, tras verse directamente involucrada en la celebración de un contrato de compraventa con el Estado, con el propósito de materializar el proyecto impulsado por la propia Presidencia de la República que buscaba transformar la casa del expresidente Salvador Allende en un museo.

Al respecto, hubo reiteradas negativas del Gobierno para reconocer la abierta transgresión de la norma constitucional, reflejadas en la preocupante reacción de los voceros de La Moneda, al señalar que el fallo se acataba, pero que estimaban que instauraba un “precedente grave”, como lo tildó el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Finalmente, el peso de los argumentos fundados en derecho por parte de los requirentes del Partido Republicano y de Chile Vamos, logró que la norma constitucional prevaleciera sobre consideraciones de índole política.

Este hito, muy relevante, marca la destitución de un senador de la República y ha dejado una serie de secuelas políticas, en particular, en lo que respecta a la relación del Partido Socialista con el Frente Amplio y el Ejecutivo. En las filas del socialismo prima cierta desilusión por la falta de pulcritud mostrada por el Gobierno a la hora de impulsar un proyecto en el que consideran se expuso a la familia Allende a infringir una norma constitucional explícita, aunque esta reacción soslaya el hecho de que la ley se presume conocida, más aún, por quien desempeñó por más de 30 años un rol parlamentario. (…)

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla

rubilla@lyd.org

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